Red para Políticas Públicas de Cercanía organizó la charla abierta “Lo que debemos saber: expropiación, intervención y ocupación temporaria de empresas”; a cargo del Dr. Bernardo Saravia Frías, Ex Procurador del Tesoro de la Nación; con el auspicio de la Asociación de Abogados de San Martín y el apoyo del Estudio Saravia Frías.
La moderación fue llevada a cabo por el Dr. Diego Goldman, siendo los anfitriones de la misma el Lic. Matías Lobos y el Dr. Julio Sorrentino, y contando con palabras de despedida por parte de la Dra. Cristina Pérgola.
En los pasajes más destacados de la charla, Bernardo Saravia Frías sostuvo: » (…) Me preocupa las consecuencias sobre las instituciones que la actual crisis por el COVID genera, profundizando un estado de excepción permanente en el cual aparece con toda su fuerza la exorbitancia del Poder Ejecutivo frente a un debilitamiento extremo de los otros dos poderes del Estado. (…) Ninguna situación de emergencia justifica que el Poder Judicial no se encuentre trabajando en plenitud, o que el Poder Legislativo forme comisiones extraordinarias para realizar las tareas que le
corresponden a la Justicia.
(…) El caso VICENTIN debe ser analizado en el marco de lo que el Estado de Derecho indica para las expropiaciones y las ocupaciones temporarias de empresas, siendo el Poder Legislativo el único Poder del Estado encargado de ordenar una expropiación, y respetando las actuaciones judiciales del proceso concursal que se encuentra en marcha y bajo la órbita natural del Juez a cargo”.
Matías Lobos, fundador de PUNTO. Red para Políticas Públicas de Cercanía, en su rol de anfitrión de la jornada, manifestó “… Nuestra Red es un punto de encuentro para muchos vecinos que estamos convencidos en la necesidad de solucionar los problemas concretos con políticas de estado que se acuerden y se sostengan en el tiempo. Para los miembros de esta red ciudadana activa, la defensa de la propiedad privada y el impulso permanente de la iniciativa individual, constituyen dos pilares básicos sobre los cuales deben pensarse y ejecutarse el desarrollo y el progreso de la Nación.
(…) El caso VICENTIN debe comprenderse en el marco de un proceso político donde falencias manifiestas en las gestiones sanitaria y económica por la crisis del COVID, parecen querer ser opacadas por debates que generan los avances sobre instituciones básicas de nuestro marco constitucional como lo son la propiedad privada y la iniciativa individual”.
