Para esto puntualizó: “La actual situación de pobreza de nuestro país, con casi el 40% de la población sumergida en ella, nos obliga a revisar la política social que se viene implementando, exponiendo de manera clara los problemas a resolver.

“El primero de ellos consiste en asumir que el modelo vigente ha fracasado, ya que no redujo la pobreza, y no reinserta a las personas beneficiarias de planes sociales al mundo del trabajo. Podemos afirmar que el actual modelo administra la pobreza y solo contribuye a la reproducción intergeneracional de la misma.

“El segundo radica en la convivencia de programas universales de transferencia de ingresos con programas de asistencia social focalizada en grupos vulnerables, creando un sistema híbrido con niveles muy bajos de eficiencia en la inversión social.

“El tercero estriba en la superposición de programas y beneficiarios. El Ministerio de Desarrollo Social de Nación ejecuta 90 programas, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires ejecuta 60; es decir que en el Área Metropolitana de Buenos Aires donde vive casi la mitad del país conviven 150 programas. Solo se tiene un monitoreo efectivo de algunos pocos de acuerdo a la información suministrada por el Sistema de Información y Monitoreo de Programas Sociales. La ausencia de un registro único de beneficiarios y la concentración acotada de planes hacia sectores vulnerables (que permita hacer más efectiva la inversión social), son dos cuestiones a resolver de manera inmediata.

“El cuarto implica la intermediación de organizaciones sociales para la entrega de los beneficios. Esto ha llevado a que el Estado pierda la conducción de la política social y la misma se ha dejado de percibir como un derecho de ciudadanía, obligando a los receptores de la misma a tener que ser clientes dependientes de quienes toman los planes como botines propios. La privatización de la política social en manos de organizaciones sociales se lleva adelante por quienes enarbolan la bandera del estado presente. Un estado que si lo tienen bien presente a la hora de ocupar cargos en estructuras burocráticas que administran el sistema descripto, consumiendo gran parte de las partidas presupuestarias destinadas.

“El quinto supone reconocer que el actual sistema de programas sociales no tiene como eje vertebrador la inserción de los beneficiarios al mundo del trabajo. Se ha producido de manera intencional un proceso de autonomización de la política social respecto al mundo laboral. El Ministerio de Trabajo de Nación cuenta con una extensa Red de Oficinas de Empleo y Agencias territoriales, una gran cantidad de estados sub nacionales cuentan con Centros de Formación Profesional; siendo excelentes herramientas para promover de manera activa la inserción laboral de los beneficiarios de planes.

“Y finalmente, el tiempo de duración de los beneficios sociales no puede ser indefinido. El tiempo de duración de los mismos debe estar acotado en el tiempo. La situación de recepción de beneficios sociales debe pensarse como excepcional, y no convertir la excepcionalidad en statu quo. Un tiempo de duración de 6 meses de los mismos constituye una medida de tiempo razonable, para encarar el gran desafío que tenemos por delante en producir un giro de 180 grados respecto a la política pública que se implementa para resolver la cuestión social en nuestro país”.