“Hablan de considerar el servicio esencial” – a la educación pública- “para cercenar el derecho a huelga pero no a la hora de arreglar las escuelas, tenemos 1000 escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires por problemas de infraestructura, es decir, 15000 pibes que no tienen clases”, indicó el diputado del bloque de Sergio Massa.

Por estas horas, el gobierno de Cambiemos analiza declarar la educación primaria como servicio esencial con el objetivo de ponerle un coto a los paros docentes en la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, Eslaiman sostuvo: “Bajo ningún punto de vista el Frente Renovador va a avalar la iniciativa del bloque de diputados de Cambiemos. En lugar de avanzar en el camino del diálogo, de imaginar propuestas en conjunto para que los docentes puedan volver a las aulas en condiciones de dignidad y que los alumnos puedan educarse y en muchos casos poder recibir las comidas que necesitan en esta crisis, de arribar  a consensos, de convocar también a las fuerzas opositoras, el Gobierno y sus diputados echan leña al fuego y exacerban el conflicto impulsando este tipo de propuestas”, recalcó.

Al tiempo que agregó: “Pareciera que el Gobierno quiere agravar la situación porque no se puede entender  de otra forma que no tengan en cuenta el contexto en el que impulsan esta medida: el secuestro y tortura a una docente en Moreno, escuelas cerradas por falencias en la infraestructura, una docente y un personal auxiliar muertos por la desidia del Estado; y las paritarias docentes lejos de cerrarse por la continua falta de respeto que significa proponer aumentos irrisorios con relación a la inflación”.

Finalmente, el diputado y titular de la bancada renovador indicó que, “con esta propuesta de declarar a la educación servicio público, en la práctica lo que se logra al aplicar a una actividad este concepto es el hecho de que se regula el derecho de huelga de sus trabajadores, algo que ya intentó el anterior gobierno provincial y también el gobierno nacional de la Alianza con una Resolución de la entonces ministra Bullrich que la justicia declaró inconstitucional y la OIT ratificó que la educación no es un servicio público esencial, ante un amparo presentado oportunamente por CTERA”.