Vecinos, productores locales y ambientalistas iniciaron este domingo por la mañana la protesta en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital provincial. Con el objetivo de llegar hoy a la casa de gobierno local, los manifestantes exigen que el gobernador radical Rodolfo Suárez evite promulgar la modificación de la ley 7722, impulsada por él y aprobada el viernes en un trámite exprés con el apoyo del peronismo.

La norma habilita el uso de sustancias como el cianuro, y el ácido sulfúrico (solo limita el mercurio) que, según ambientalistas, provocará la contaminación del agua en la provincia. La minería metalífera, agregan, demanda grandes cantidades de agua, un recurso vital y escaso en la región.

Pese a que el impulso del debate contó con el aval del presidente Alberto Fernández, la votación provocó grietas dentro del peronismo. El presidente del Partido Justicialista de la provincia, Guillermo Carmona, por ejemplo, se hizo eco de las manifestaciones y le pidió al gobernador que no promulgue la ley. «Ante la amplia y creciente expresión popular en contra de la sanción de la reforma de la ley 7722 por usted impulsada, le solicito gobernador Suárez que la misma no sea promulgada», escribió Carmona en Twitter.

Más tarde, el dirigente difundió un comunicado para aclarar que su postura fue personal y que no era atribuible a todo el espacio.

Los activistas de la marcha, que se inició en uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería y defensa del agua de Mendoza, tienen previsto llegar esta mañana a la Casa de Gobierno. Entre ellos estará el exintendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, quien confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.

El clima tenso alrededor de la iniciativa no comenzó este domingo, sino que ya se hizo notar la semana pasada, mientras se acercaba el momento de la votación. Hubo cortes de ruta en toda la provincia.

Sin embargo, el viernes el proyecto obtuvo en el Senado 29 votos a favor y 7 en contra, y en Diputados 36 apoyos y 11 rechazos.

El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.

Durante las protestas que comenzaron la semana pasada se difundió el celular de Suárez en las redes sociales, lo que provocó que el funcionario recibiera amenazas. Hasta ahora ya hubo cuatro detenidos, según fuentes judiciales.