La Corte Suprema de Justicia de la Nación persevera con su ofensiva político-judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, este lunes, facilitó el camino para llevar a cabo el juicio de la causa Hotesur/Los Sauces. Este caso había terminado con el sobreseimiento de todos los acusados en noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, pero fue reabierto en septiembre de 2023 por dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, designados durante la gestión de Mauricio Macri.

Algunas defensas, entre ellas las de CFK y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, habían presentado recursos extraordinarios para intentar llegar a la Corte Suprema, pero estos fueron rechazados por la Casación. Este lunes, el máximo tribunal desestimó los recursos de queja con los cuales se buscaba que revisara lo resuelto por la Casación. De esta forma, el fallo quedó firme y el juicio oral y público quedó prácticamente listo para realizarse.

La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, coincide con lo revelado el pasado 8 de diciembre: la Corte activó una nueva etapa de persecución contra CFK al decidir avanzar con el juicio de la causa del Memorándum con Irán, donde también está involucrada la dos veces presidenta.

La Corte Suprema, que no tiene plazos específicos para dictar resoluciones sobre los expedientes en su poder, decidió el pasado 5 de diciembre habilitar el avance hacia juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum, surgida a partir de una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. La fecha elegida no fue casual, ya que coincidió con el aniversario del nacimiento del ex titular de la UFI AMIA. El mensaje político-judicial de la Corte en una investigación emblemática del lawfare fue inequívoco.

Ese mismo día, el máximo tribunal también respaldó que dos jueces que condenaron a CFK en la causa Vialidad integraran el tribunal para ese juicio oral. Con estas decisiones, en Comodoro Py se agilizaron los mecanismos de persecución. Un día después, el 6 de diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 fijó la fecha de juicio en el «caso Cuadernos», donde también está imputada CFK. Además, tres magistrados designados durante el gobierno de Mauricio Macri en la Cámara Federal porteña ordenaron reabrir una investigación patrimonial contra la exvicepresidenta. La ofensiva judicial continuó apenas diez días después con la causa Hotesur/Los Sauces.

La Corte Suprema decidió acelerar estos procesos que involucran a Cristina Fernández de Kirchner antes de que su composición cambie. El 29 de diciembre próximo, Juan Carlos Maqueda deberá retirarse del tribunal al cumplir 75 años, la edad máxima para ejercer como juez. Desde entonces, el Alto Tribunal quedará reducido a tres miembros y necesitará un consenso total de tres votos para emitir fallos. De no lograrse, será necesario recurrir a conjueces. Esta situación dejó en evidencia la intención de los magistrados de resolver las causas que afectan a CFK antes de la salida de Maqueda, dado que su partida podría alterar el equilibrio interno de la Corte.

El gobierno propuso como candidatos a reemplazar a Maqueda al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla. Sin embargo, sus nombramientos dependen del Senado, donde los pliegos aún no cuentan con el respaldo del bloque del PJ, que busca negociar para sumar los votos necesarios y alcanzar los dos tercios requeridos para designar jueces de la Corte. En caso de trabarse el proceso, Javier Milei adelantó que podría nombrar a sus postulantes mediante decreto.

En este escenario, la causa Vialidad, donde Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, llegará próximamente al máximo tribunal. Esto implica que, en un futuro cercano, la libertad de CFK quedará en manos de la Corte Suprema.