La gobernadora María Eugenia Vidal envió este miércoles al Senado bonaerense el pliego con la postulación de Sergio Torres como candidato a ocupar el cargo vacante que existe en la Suprema Corte de Justicia provincial desde hace más de dos años, tras la salida de Juan Carlos Hitters.

El magistrado, que cumplirá 55 años en julio próximo, ingresó al Poder Judicial en 1985, y desde noviembre de 2001 está al frente del juzgado federal 12 de Comodoro Py.

De bajo perfil, Torres se recibió de abogado en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el ingreso a la Justicia, fue fiscal federal por unos meses y en 1994 fue designado juez en lo Criminal en la Capital: estuvo al frente del juzgado de Instrucción 24 hasta que pasó a ser juez federal siete años más tarde, en el final del gobierno de Fernando De la Rúa.

Fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña en 2014 en una iniciativa impulsada por legisladores de diferentes fuerzas. Ese reconocimiento se debió principalmente a su actuación en el caso en el que se investigaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Entre otras cosas, Torres fue quien impulsó la detención del represor Alfredo Astiz.

l último caso resonante que tuvo Torres a su cargo fue el que terminó con el procesamiento y la detención (domiciliaria) del ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, acusado por favorecer a narcotraficantes junto a empleados de su juzgado.

Respecto a su carrera académica, es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Lomas de Zamora, preside el Consejo Académico de la Casa de Ana Frank en la Argentina y allí ha sido expositor en varias ocasiones sobre la similitud del caso ESMA con lo sucedido durante el Holocausto en Europa.

Desde su postulación, Torres sumó un total de 387 adhesiones, provenientes de diversos ámbitos académicos, de la sociedad civil, de sectores judiciales, de entidades profesionales y religiosas. Entre otros, recibió el apoyo de la Universidad de Buenos Aires y de Belgrano, y en la provincia de Buenos Aires, las de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de La Matanza, y de la Universidad Nacional del Centro. También se sumaron instituciones de países México, Perú, España e Italia, así como también del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal.