Estas últimas semanas se hizo más que evidente el abuso de poder de las fuerzas policiales, a lo largo del país, al conocer el caso de Lautaro Rosé (ahogado y abandonado en el Río Paraná tras una persecución policial), Alejandro Martinez (torturado hasta la muerte en una comisaría en la provincia de Buenos Aires) y, Eliás Garay (asesinado durante una represión a una comunidad mapuche en Río Negro).

«Lo que sucedió con Lucas es una muerte que leemos en CORREPI 3 o 4 veces por semana», cuenta María del Carmén Verdú.

La abogada, sin embargo, cuenta que la diferencia con el caso particular del caso de Lucas, es que en apenas unas horas se logró desmentir el relato policial del «peligroso delincuente» y «probar que se trató de un fusilamiento del gatillo fácil».

Verdú resalta que esto fue mérito del periodismo deportivo, que «abrió la puerta a la voz de la familia, a los chicos que estaban con Lucas y a la gente del barrio que presento el hecho», más que del periodismo general o policial.

La activista, especializada en casos de violencia institucional, explica que «las primeras horas de estos casos son fundamentales porque recién cuando aparecen las querellas, el periodismo y el poder judicial ponen en duda las declaraciones de las comisarías«.

En respuesta al argumento de las fuerzas de seguridad de que el caso de Lucas González fue un caso aislado, Verdú argumenta que «hasta lo que nos hemos enterado, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya lleva 121 casos aislados».

rEs decir, desde el inicio de sus operaciones, en enero 2017, la policía de la Ciudad, lleva 121 casos conocidos de gatillo fácil. La vocera agrega que en «el 60% de estos casos, la policía estaba de civil».

En este sentido, la presidenta de CORREPI, argumenta que ya que los policías que trabajan de civil se dedican a operativos para detectar el crimen organizado de la zona, «¿para qué quieren un arma si lo que están haciendo es espiar y tomar nota?».

«Prohiban el uso de arma al que no este uniformado o de servicio, y bajamos a más de la mitad los casos de gatillo fácil», reclama la especialista.

El abogado de la familia de Lucas, Gregorio Dalbón, declaró a los medios que el delito no había sido el de gatillo fácil porque los chicos no eran delincuentes. Verdú está en fuerte desacuerdo ya que explica que al menos que los implicados le hayan disparado o intentado disparar a la policía, antes de ser disparados, no importan sus acciones previas, son todos casos de gatillo fácil.

«Que Lucas en vez de venir a jugar al futbol hubiese estado dando una vuelta en un auto robado, eso habilitaba a los 12 disparos?», se pregunta.

Verdú no quiere despegar a los políticos del accionar policial, «es la idea del mando y  la obediencia a las ordenes, lo que organiza a la fuerza». Y en ese sentido, agrega que «es clarísima la responsabilidad política cuando quien dirige la fuerza es un ministro, no el jefe de la policía».