Con sólo diez días de diferencia, la Provincia de Buenos Aires pasó del elogio a las críticas por el protocolo nacional de interrupción del embarazo. Más de una semana atrás la ministra de Salud Bonaerense, Zulma Ortíz, había rubricado su firma para que la Provincia adhiriera al programa elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación en abril de 2015.

Sin embargo, María Eugenia Vidal ordenó que la resolución 2095 finalmente no se publicara en el Boletín Oficial. Además, instó a que se dicte una resolución que deje sin efecto la anterior.

El protocolo cosechó varios rechazos. Internos, de parte del secretario legal y técnico Julio Conte Grand y el ministro de Producción, Joaquín de la Torre. También de los intendentes peronistas de los grupos Esmeralda y Fénix, con quienes en la actualidad teje un buen vínculo de cara a la aprobación del Presupuesto 2017. El otro actor que rechazaba la iniciativa, era la Iglesia.

El documento anulado, según consigna el diario La Nación, pretendía eliminar las barreras de acceso a la interrupción del embarazo que se llevarían a cabo en centros de atención primaria de salud. Regiría sólo en causas de peligro de vida de la madre, resguardo de la salud de la mujer o una violación.

No se quedaría allí, habilitaba la atención integral para atender a mujeres que presentaran eventuales complicaciones en etapas más avanzadas del embarazo o cuando hubiera un compromiso de salud y fuera conveniente realizar el procedimiento bajo supervisión médica estricta.

También, según consigna el matutino centenario, recomendaba para las mujeres que transitaran un embarazo no deseado, pero que no se encuadraran en las causales para realizar una interrupción legal, "una consejería en reducción de riesgos y daños para evitar situaciones de abortos inseguros y la consecuente morbimortalidad materna".