Hoy, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mencionó que se encuentra «en estudio» la posibilidad de cubrir la vacante en la Corte Suprema y que existen «candidatos«.

En la actualidad, el máximo tribunal opera con cuatro miembros: Horacio Rosatti (Presidente), Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz (vicepresidente) y Juan Carlos Maqueda(Juez decano), en lugar de los cinco que debería tener, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Esta vacante permanece sin cubrir desde noviembre de 2021. La administración de Alberto Fernández no presentó ningún candidato al Senado para cubrir esa vacante, ya que sabía que no obtendría los dos tercios de los votos necesarios para el acuerdo.

Hacia finales de este año, las vacantes aumentarán a dos, dado que Maqueda alcanzará la edad límite de 75 años para ocupar un cargo en la Corte. Se especula que el juez optará por jubilarse sin solicitar un amparo para continuar en el cargo, como lo hizo Highton, quien dejó el tribunal a los 79 años.

Según el periodista Morales Solá, el presidente Javier Milei está considerando enviar al Senado en los próximos días una solicitud de acuerdo para designar al actual juez federal Ariel Lijo como miembro del más alto tribunal del país.

La posible nominación de Lijo ha generado preocupación entre los tres jueces supremos que conforman la mayoría del cuerpo. Según funcionarios del tribunal, les preocupa la figura de Lijo por varias razones. En primer lugar, la vacante dejada por Highton de Nolasco debería ser ocupada por una mujer, ya que actualmente no hay ninguna en el tribunal. Además, hay mujeres constitucionalistas muy capaces en el país. En segundo lugar, Lijo es un juez sumamente polémico por diversas razones, aunque logró en su momento ejercer un gran control político sobre la justicia federal penal de Comodoro Py, exceptuando a Claudio Bonadio, quien nunca aceptó la autoridad de nadie. Una tercera razón, aunque se menciona en voz baja, es que Lijo siempre ha contado con el respaldo político de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte y expresidente del cuerpo, quien está distanciado del resto de sus colegas en el tribunal. Lorenzetti ejerció una clara y explícita protección sobre Lijo para consolidar su liderazgo político en Comodoro Py en numerosas ocasiones.

Según informes coincidentes en el ámbito judicial, se ha especulado que Lorenzetti habría establecido una conexión directa con Milei. También se señala que el Presidente preferiría designar en la Corte a un juez más afín al expresidente del tribunal que consultar con la mayoría del cuerpo judicial, como se había comprometido inicialmente cuando asumió el cargo. «Los otros tres son demasiado escurridizos», se escuchó cerca de Milei. Cabe destacar que, si bien no es correcto que el Presidente consulte a los jueces de la Corte sobre el nombramiento de otro miembro del tribunal, tampoco es adecuado designar a un juez que ya despierta prevención y suspicacia entre la mayoría de los jueces supremos, lo que podría dar lugar a un conflicto entre el Ejecutivo y la Corte.

Resulta llamativo que el Presidente prefiera ganarse la simpatía de dos posibles jueces de la Corte, aunque para lograrlo deba distanciarse de los otros tres, que continuarán formando la mayoría. Esta actitud resulta sorprendente en alguien como Milei, quien se autodefine como un pragmático. Según se comenta en círculos judiciales, el juez Lorenzetti mantuvo una relación frecuente con la administración libertaria (así como lo hizo con las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández), mientras que los otros tres siempre optaron por preservar la independencia del tribunal frente a los vaivenes políticos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier candidato propuesto por el Presidente deberá obtener la aprobación de los dos tercios de los votos en el Senado. Es probable que una de las principales objeciones que presente el Senado sea que la eventual designación de Lijo impediría el acceso de una mujer a la Corte, dejando al tribunal integrado exclusivamente por hombres. Hasta hace poco, había dos mujeres en la Corte: además de Highton de Nolasco, también estaba Carmen Argibay. Además, el kirchnerismo, que controla una parte significativa de los votos del Senado, ha sido un crítico persistente de lo que llama la «corporación judicial», y Lijo es considerado como un representante del establishment judicial. Cristina Kirchner intentó obtener algo de control sobre el poder judicial a través de la política con ley de «democratización de la Justicia«, pero esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

Dada la composición actual del Senado, tanto el peronismo como el no peronismo se ven obligados a proponer nombres consensuados cuando se requieren los dos tercios de los votos. Ninguno de los dos grandes grupos políticos tiene la capacidad de alcanzar por sí solo esta mayoría especial en el Senado. Un ejemplo de esta dificultad es el caso del actual procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien ocupa interinamente el cargo desde hace casi siete años, ya que la política no ha podido llegar a un acuerdo para aprobar un nuevo procurador. Este cargo, que es equivalente al de un miembro de la Corte, también requiere los dos tercios de los votos senatoriales. Por lo tanto, la candidatura de Lijo podría ser simplemente un capricho pasajero.

Fuentes confiables del ámbito judicial aseguraron que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no está involucrado en la operación para nombrar a Lijo en la Corte. «El ministro se distanció de ese candidato en enero», afirmaron, dando a entender que el nombre de Lijo empezó a circular como posible candidato a juez de la Corte poco después de que Milei asumiera la Presidencia. Según la versión, la eventual nominación de Lijo sería el resultado de un acuerdo directo entre Milei y Lorenzetti. Resulta extraño que un abogado penalista de renombre, como es Cúneo Libarona, prefiera enfrentarse a la mayoría de la Corte Suprema.

Por otro lado, un tema de gran sensibilidad política que surgirá próximamente es la modificación de la ley de Seguridad Interior y del decreto reglamentario de la Ley de Defensa. Los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, están trabajando en esta reforma para legalizar la participación parcial de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Esta iniciativa busca permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en casos de terrorismo, incluido el narcoterrorismo. La reforma también autorizará a los militares a responder con violencia a posibles ataques del narcotráfico contra sus tropas. Funcionarios gubernamentales argumentaron que la «aprehensión en caso de flagrancia está permitida por el Código Penal incluso para los ciudadanos comunes, por lo que no debería estar excluida para las Fuerzas Armadas». Además, se prevé que los militares puedan detener a personas que estén cometiendo un delito flagrante, según la reforma propuesta.

Según fuentes cercanas al ministro Petri, se planea enviar al Congreso un proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior para asegurar un respaldo legal y político adecuado. Se descartó la posibilidad de recurrir a un decreto de necesidad y urgencia, optando por la vía legislativa. Funcionarios con acceso a los cambios señalan que esta modificación se volvió inevitable luego de que las Fuerzas Armadas fueran desplegadas en Rosario para brindar apoyo logístico, dejándolas expuestas e indefensas ante la agresión del narcotráfico en el actual escenario. Si bien Rosario destaca como un caso particular, no es el único en el país, lo que refuerza la convicción de los funcionarios nacionales sobre la necesidad de ajustar parcialmente las leyes vigentes, que fueron promulgadas en una época en que el tráfico de drogas era un problema mucho menos extendido en el país. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, suele remarcar que su ciudad no es productora de drogas ni armas, sino que estos problemas provienen de otras provincias, subrayando así la dimensión nacional del problema del narcotráfico.