Después de que la jueza en lo criminal y correccional Patricia Guichandut liberara a dos motochorros extranjeros que habían sido detenidos por la Policía de la Ciudad, las máximas autoridades de la Nación y de la Ciudad criticaron con dureza a la magistrada.
El presidente Mauricio Macri utilizó su cuenta en Twitter para cuestionar a Guichandut: «Es indignante el caso de la jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle, pero con una Justicia así no hay policía que alcance».
«No me gusta generalizar. Hay jueces y jueces. Lo de esta jueza [por Guichandut] es escandaloso, pero hay otros que trabajan bien. Juezas como ésta no ayudan en nada», sostuvo, en tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en declaraciones a radio Mitre. Su vicejefe, Diego Santilli, pidió «sentido común y racionalidad» a la Justicia. «No puede estar libre un delincuente porque ese delincuente otro día mata y arruina a una familia. No hay otra explicación, es sentido común», afirmó en radio La Red Santilli, que está a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
Las críticas se centraron en la decisión de Guichandut de liberar al colombiano Jair Stevens Jurado Mora, primero, y al uruguayo Antonio José Franco, después. El acuerdo para nombrar como jueza a Guichandut fue enviado al Senado de la Nación el 17 de junio de 2005 por el expresidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia Horacio Rosatti, hoy integrante de la Corte Suprema de Justicia.
Jurado Mora había sido detenido el 22 de este mes después de robarle a una joven un iPhone 7 cuando cruzaba la calle, en avenida La Plata al 100, en Caballito. El motochorro le arrancó el teléfono de la mano y huyó a toda velocidad. Pero, tras una persecución, fue detenido. Quedó acusado de «robo en grado de tentativa» y Guichandut le concedió una probation y la libertad, dos días después.
La magistrada le impuso como condiciones no consumir drogas ni alcohol durante un año, presentarse todos los meses en el Área de Control y Dirección de Ejecución Penal, regularizar su situación en Migraciones y resarcir a la víctima del robo con 700 pesos.
Tras la polémica por la liberación de Jurado Mora (que hacía tres meses que había llegado al país), la Dirección General de Migraciones resolvió administrativamente requerir su expulsión del país. Ayer, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda informó que esa decisión administrativa quedó firme.
«Se solicitó a la jueza interviniente que disponga el extrañamiento [de Jurado Mora] en caso de que careciera de interés judicial su permanencia en el país. Una vez que se conozca la resolución del tribunal, la DGM pedirá al juzgado contencioso administrativo de turno que ordene la retención del extranjero para que se instruya a las fuerzas de seguridad la detención y expulsión del país» del colombiano, explicaron fuentes oficiales.
