En medio del escándalo por la visita a represores alojados en Ezeiza y ante los crecientes rumores dentro del bloque de La Libertad Avanza por la posible expulsión de Lourdes Arrieta, la legisladora volvió a salir al cruce en sus redes sociales y publicó los chats de cómo se armó la visita al penal.

Lo hizo a través de su cuenta de X (antes Twitter), un día después de hablar sobre los rumores de su expulsión del bloque de LLA (La Libertad Avanza). “¿Me quieren echar del bloque? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido de frente, con la verdad y buscando transparencia”, aseguró y lamentó que algunos “quieran violentar la voluntad popular del 43% de los mendocinos al votarme como parte de La Libertad Avanza”, apuntó este viernes.

Un día después, minutos antes de la medianoche, Arrieta publicó capturas de pantalla de tres grupos de WhatsApp, con los que mostró cómo se armó la visita a Ezeiza, bajo el título de “No más impunidad

Lourdes Arrieta publicó chats de cómo se armó la visita a los represores en Ezeiza

 

A través de un extenso hilo en X, Arrieta aseguró que todo comenzó el 23 de febrero, con un grupo llamado “Comida informal con el Padre Javier…”. Según la diputada, el grupo tenía “una foto de perfil del libro ‘El Pacto’, en clara referencia a la finalidad que hoy les voy a contar”.

“Como dijo el Pte @JMilei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces”, comenzó Arrieta.

En el grupo, según la publicación de la diputada, también circuló el proyecto del padre Javier Olivera Ravasi para poder otorgarle prisión domiciliaria a muchos de los represores alojados en el penal. Ravasi, uno de los organizadores de la visita al penal, fue echado de la Iglesia. La decisión la comunicó el obispado de Zárate-Campana, el 15 de agosto, que no le renovó el permiso para desarrollar actividades pastorales en esa jurisdicción.

La iniciativa de Ravasi, según Arrieta, apuntaba a presentar un texto de ley para beneficiar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1976. Algunos de ellos fueron visitados en el penal de Ezeiza.

“Me agrega el propio Ravasi el 23 de febrero y me da la bienvenida. Entré porque en ese grupo, ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”, aseguró Arrieta.

En otro chat, se lee que Beltrán Benedit, uno de los organizadores de la visita, se muestra molesto por la falta de apoyo del Gobierno: “Un Ejecutivo al que le tiembla el pulso para permitirnos sacar un comunicado donde hacemos nuestro trabajo de informarnos”. Sobre esto, Arrieta agregó: “Claramente, estos diputados tienen otra agenda, y no reparan en tildar al Presidente de blando por temblarle el puso al no imponer la agenda que ellos proponen. Entonces ¿a quién responden? Si admiten que el Ejecutivo los frenó, ¿quién es su líder político?”.

Arrieta habló de un “chat revelador que surge de los dichos del diputado (de LLA) Guillermo Montenegro donde afirma: ‘Me pidieron del Ejecutivo que no saquemos el comunicado y no hablemos con la prensa, los van a llamar a cada uno’, a lo que Benedit responde: ‘Qué papanatas’, en referencia a Javier Milei

La diputada mencionó: “Ferreyra admite que fue a Campo de Mayo con Beltrán Benedit, en marzo y se jacta de que ‘nadie supo’. Montenegro insiste en dejar ‘que la izquierda va a decir cualquier cosa’, pero afirma: ‘Me preocupa más nuestro sector político que se vuelve cómplice con el silencio’”. Arrieta agregó: “Siempre puse en conocimiento de mis autoridades lo que pasó”.

La legisladora concluyó: “Seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder”.

 

Los proyectos

Luego de revelar cómo se gestó la visita de los diputados a los represores detenidos en el penal de Ezeiza, Lourdes Arrieta publicó los detalles del proyecto que planeaban impulsar los legisladores que participaron de esa reunión: el objetivo era dejar en libertad a los genocidas.

Arrieta volvió a utilizar su cuenta de X para compartir el borrador de la iniciativa. Se trata de la segunda parte de lo que comenzó el sábado por la noche, cuando reveló la existencia de varios grupos conformados con la intención de presentar un proyecto de ley que beneficiara a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976.

“Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”, dice el borrador del proyecto llamado “Derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.

En sus argumentos, sostienen que “la doctrina establece que pasado un tiempo excesivo de tramitación de un proceso penal, aun cuando no hubiere operado la prescripción, la acción penal debe entenderse agotada por insubsistencia” y consideran como “inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos

Por otro lado, la diputada libertaria compartió también el proyecto de reglamentación que propone fijar en 25 años “el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona

Por otro lado, la diputada libertaria compartió también el proyecto de reglamentación que propone fijar en 25 años “el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona

“El término regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”, plantea y agrega: “Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”.

 

Las conversaciones difundidas el sábado pertenecían a un grupo del que formaban parte los legisladores Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Celeste Ponce, Carlos Zapata, Lilia Lemoine, Alberto Arancibia; los abogados Laura Olea, Ricardo Saint Jean y el ex juez de Casación Eduardo Riggi, así como también Guillermo Montenegro, Santiago Santunient, entre otros. Según las palabras de Arrieta, el chat había sido creado por el padre Javier Ravasi.

Allí, Olea envió estos documentos que contenían iniciativas creadas con el fin de imponer un “plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal”. Al respecto, Ravasi expresó que “el proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria, manifestando que ‘los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad’”, subrayó.

El borrador de la iniciativa difundido en la noche del domingo por Arrieta estipula que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”. “Creemos que la política de derechos humanos es la única de las políticas que mira al pasado”, sostienen entre los fundamentos, en los que comentan que “la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional”. Por esto mismo, consideran que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales a efectos de contribuir decididamente a una mejor administración de la Justicia”.

“Según las últimas estadísticas de la Procuraduría de Crímenes de lesa humanidad, hasta diciembre de 2022, el total de personas que han sido requeridas para su investigación por el Ministerio Público Fiscal al menos una vez en el marco del proceso de juzgamiento, es de 3640. Han fallecido juzgados y condenados todos los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, así como los Jefes de Cuerpo, de Área y las figuras jerárquicas más importantes de la represión estatal de los años 70. Más de ochocientos ex militares, policías, miembros del servicio penitenciario y civiles sometidos a esta clase de procesos han fallecido en cautiverio en el transcurso de estos años”, señalan.