El Fondo Monetario Internacional respaldó el nuevo programa económico del Gobierno, destacó ciertos logros iniciales, pero subrayó que el camino hacia la recuperación definitiva aún enfrenta obstáculos. El organismo identificó una vez reformas que considera esenciales para consolidar una estabilidad duradera. Además, remarcó que la Argentina no recuperó el acceso al crédito internacional, lo que limita la capacidad de reacción ante eventuales crisis.

En el informe técnico que se publicó después de la reunión de directorio, el Fondo señaló mejoras en indicadores como la inflación, el salario real y el crédito. También proyectó una posible expansión del PBI del 5,5% en 2025. Estimó que la inflación podría ubicarse entre el 18% y el 23% a fines de ese año, después de alcanzar el 118% en 2024. A pesar de estos datos, alertó sobre la fragilidad de la situación económica, los niveles de pobreza y el bajo nivel de reservas.

Entre los puntos señalados como prioritarios, el FMI pidió avanzar con una reforma tributaria que no incremente la presión fiscal, pero que mejore la eficiencia del sistema. También solicitó desregular el mercado eléctrico, rediseñar el esquema provisional y eliminar fondos fiduciarios poco transparentes. Planteó la necesidad de revisar organismos extrapresupuestarios, avanzar con privatizaciones, reformular la coparticipación federal y establecer un presupuesto 2026 con déficit cero. Otras exigencias incluyen modernizar la Ley de Responsabilidad Fiscal, mejorar el control del gasto público y unificar los registros sociales.

Kristalina Georgieva, directora del Fondo, remarcó que el Gobierno se comprometió a llevar adelante transformaciones profundas en el plano impositivo, laboral, previsional y federal. Esas reformas, según el Fondo, resultan imprescindibles para garantizar un crecimiento sostenido.

En el plano laboral, el abogado Julián de Diego explicó que ya se observan avances con la sanción de la Ley Bases, que introdujo cambios en 18 artículos del régimen vigente. “Se modificó el periodo de prueba a 6 meses, se derogaron todas las multas, y se crearon normas vinculadas con la flexibilización de las contrataciones”, detalló en declaraciones a Cadena 3.

Aunque reconoció que el empleo todavía no crece, afirmó que el contexto comienza a mejorar. Consideró que la próxima etapa dependerá del tratamiento de nuevas normas que buscan alinear la legislación local con las exigencias del Fondo. “Esta ley tiene más de 70 artículos y busca promover el empleo a trabajadores vulnerables”, explicó sobre el proyecto de reforma que impulsa el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados.

De Diego defendió la intención del oficialismo de fomentar el blanqueo laboral. “El objetivo es que este traspaso tenga un costo muy bajo para las empresas, garantizando así mejores condiciones para los trabajadores”, sostuvo. Frente a las críticas que señalan un retroceso en materia de derechos, respondió que “al contrario, al entrar en la legislación, los trabajadores obtienen beneficios que no tienen al estar en negro”.

También expresó que el marco normativo actual se volvió obsoleto. “La legislación actual no es acorde a las realidades contemporáneas y es fundamental actualizarla para enfrentar los desafíos que presenta la automatización y la inteligencia artificial”, afirmó.

Para el Fondo, la voluntad del Gobierno de encarar estos cambios resulta valiosa, pero insistió en que la estabilidad sigue en riesgo. La continuidad del proceso, concluyó, dependerá de sostener el rumbo y de conseguir apoyo político para aplicar medidas que, por su alcance, podrían generar resistencias.