Debido al respaldo de la UCR, el oficialismo consiguió esta tarde impedir que se emitiera un dictamen de rechazo al decreto 656/24, firmado por el presidente Javier Milei, el cual incrementa en $100 mil millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, los libertarios junto con sus aliados lograron aplazar el debate sobre el controversial decreto. Sin embargo, solo unas horas después, un grupo de aproximadamente quince diputados de diversas corrientes opositoras presentó una solicitud para una sesión especial con el fin de rechazarlo directamente en el recinto.

La petición de una sesión especial fue impulsado por los diputados de Hacemos Coalición, entre ellos Nicolás Massot, Emilio Monzó, Natalia De la Sota, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez. Además, contó con el respaldo de los radicales más críticos del Gobierno, como Facundo Manes, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Pablo Juliano, Manuel Aguirre, Jorge Rizzotti y Pedro Galimberti. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también firmó la solicitud. Aunque el bloque de Unión por la Patria no respaldó formalmente el pedido, se espera que contribuya al quorum con sus 99 miembros.

Esta ofensiva de la oposición coloca al bloque de diputados de la UCR en una encrucijada, ya que está dividido entre quienes buscan el diálogo y los que son críticos del Gobierno. Este bloque es fundamental para alcanzar el quorum. Hace solo una semana, el bloque emitió un comunicado crítico sobre el aumento presupuestario de la SIDE decretado por el Poder Ejecutivo, expresando su «preocupación» por la naturaleza reservada de esos fondos y advirtiendo que el Gobierno busca «evitar rendir cuentas» sobre ellos. Sin embargo, esta tarde, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, sus dos representantes, Francisco Monti y Víctor Zimmermann, se alinearon con el oficialismo para aplazar la discusión. La moción que prevaleció fue comenzar a tratar el tema a fin de mes.

La postura adoptada por estos dos legisladores dejó al descubierto, una vez más, las profundas divisiones dentro del partido centenario. A diferencia del senador Martín Lousteau, líder del comité nacional y firme crítico del Gobierno (cuyos diputados firmaron el pedido de sesión especial), Zimmermann pertenece al sector «dialoguista«. Esta alineación se debe a su lealtad hacia el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quien depende en gran medida de la asistencia financiera nacional para manejar la refinanciación de las deudas heredadas de la administración peronista. Esto explica por qué Zimmermann firmó ayer el dictamen oficialista sobre la actualización de las jubilaciones y respaldó hoy la estrategia de posponer el debate sobre los fondos reservados de la SIDE.

El diputado Francisco Monti, oriundo de Catamarca, a pesar de ser una de las voces más firmes en cuestionar el polémico decreto dentro de su bloque, decidió moderar su postura para no distanciarse de Víctor Zimmermann, tras consultar con las autoridades de su bloque sobre el tema.

La contribución de ambos legisladores radicales resultó ser un respiro para el oficialismo en su estrategia de ganar tiempo y evitar que el decreto fuera rechazado directamente en la Comisión Bicameral. Sin embargo, este alivio podría ser efímero si la oposición logra reunir el quorum necesario en la Cámara de Diputados para anular el decreto el próximo jueves. Para entonces, ya habrán expirado los plazos establecidos por la ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos presidenciales, para que la comisión bicameral emita el dictamen correspondiente. Como resultado, ambas cámaras estarán facultadas para tratar el DNU de oficio, pudiendo aprobarlo o derogarlo con una simple mayoría de votos.

Al inicio de la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, los seis representantes del kirchnerismo exigieron que se incluyeran en la agenda los tres últimos decretos emitidos por Javier Milei, relacionados con la reestructuración del sistema nacional de inteligencia, que incluye la creación de la SIDE, y la asignación de $100 mil millones para gastos reservados. Sin embargo, el oficialismo había omitido deliberadamente estos decretos y solo incluyó los primeros cinco DNU de la actual gestión, junto con una veintena de decretos de las administraciones anteriores de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

«La decisión es rechazar los tres decretos. No estamos en contra de avanzar en una reestructuración del sistema de inteligencia, pero esto debe hacerse a través de una ley del Congreso, no por medio de un DNU», subrayó la diputada Carolina Gaillard, quien también puso en duda la legalidad del decreto sobre los gastos reservados. «No estamos hablando de una simple reasignación de partidas, que es una facultad del jefe de Gabinete, sino de la creación de un presupuesto completamente nuevo para inteligencia. Esa es una prerrogativa del Congreso, como lo establece la ley de administración financiera«, añadió.

Por su parte, desde Hacemos Coalición Federal, el diputado Nicolás Massot respaldó la postura del kirchnerismo de tratar de inmediato los tres decretos y también expresó su rechazo. «Esta comisión bicameral tiene la particularidad de que establece plazos específicos para dictaminar. Aquí solo hay dos DNU que podemos tratar en tiempo y forma», enfatizó.

No obstante, la moción fue rechazada por la mayoría conformada por el oficialismo, Pro y la UCR. El único ausente fue Carlos «Camau» Espínola, del Peronismo Federal.

«Estamos ante una cuestión sumamente delicada, como lo son los gastos reservados. Nadie está diciendo que los decretos no se van a tratar, pero lo más adecuado es que este tema sea examinado en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia«, sugirió Pagotto.

Las declaraciones del senador puntano confirman que la estrategia del oficialismo frente a la ofensiva opositora será desviar el debate de todo el asunto hacia la Comisión Bicameral de Inteligencia para ganar tiempo. Durante este lapso, intentará persuadir a la oposición dialoguista de no anular los decretos, argumentando que el sistema nacional de inteligencia requiere urgentemente un refuerzo presupuestario debido al contexto global de amenazas del terrorismo internacional y el crimen organizado. Al parecer, ya habría logrado convencer a un sector de la UCR.

El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau respondió a los comentarios de Pagotto. “La Comisión Bicameral de Inteligencia ejerce un control ex post de los gastos reservados de los organismos de inteligencia, pero estos fondos se asignan a través de la ley de presupuesto, no es algo que defina la comisión. No se puede utilizar esto como pretexto para evitar el tratamiento de los DNU. Los argumentos son inválidos”, subrayó Moreau, quien preside (de oficio) la estratégica comisión.

El oficialismo no logró dar una respuesta. Tampoco pudo justificar el retraso en la constitución de la Comisión Bicameral de Inteligencia con sus nuevos integrantes. Los presidentes de ambas cámaras, Victoria Villarruel (Senado) y Martín Menem (Diputados), quienes son los responsables de realizar la convocatoria, han evitado abordar el tema. Las sospechas recaen sobre Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, quien está impulsando al senador peronista Edgardo Kueider, lo que podría generar un conflicto con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, quien apoya la candidatura del senador Martín Goerling.