Los movimientos sociales vuelven a la calle. El eje del reclamo será otra vez la ley de emergencia social, que si bien fue aprobada el 14 de diciembre en el Congreso todavía no fue reglamentada. Con preocupación, en las organizaciones sociales y piqueteras entienden que existe una "maniobra dilatoria" del Gobierno en un contexto de "achique del gasto". En la cartera de Desarrollo Social minimizaron el conflicto y aseguraron que se está trabajando "dentro de los tiempos lógicos".

Barrios de Pie encabezará el martes próximo una jornada de protestas y ollas populares en la Capital Federal, Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Los referentes del triunvirato piquetero que también conforman la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) entienden "excesivo" el tiempo para la puesta en funcionamiento de su proyecto bandera, que declara la emergencia social por tres años y destina $ 30.000 para su financiamiento.

"Vamos a visibilizar la preocupación por la falta de respuestas a la emergencia. Hubo un compromiso de que en enero iba a empezar a trabajarse y no se está cumpliendo", dijo el líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Las organizaciones entienden las dilaciones en la puesta en marcha de la ley como parte de un "contexto desfavorable para los trabajadores". Menéndez agregó: "En los primeros días del año, surgen señales de mayor ajuste y una intención de bajar el costo laboral. Y, además, una continuidad de endurecimiento a la protesta social".

De no haber novedades, las tres organizaciones confluirán en una marcha conjunta al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley. La protesta sería el 31 de enero.

Otro episodio tensó la relación del triunvirato piquetero con el Gobierno. El Ministerio de Trabajo que conduce Jorge Triaca avanza en la reestructuración de los planes que dependen de dicha cartera. Desde el organismo aseguraron que se harán cambios para facilitar la inserción en el mercado de trabajo formal, convirtiendo los planes sociales en vouchers que subsidien una parte del costo laboral. Las organizaciones, en cambio, consideran que se trata de un recorte.

"La ley que se aprobó habla de emergencia, por eso se tiene que abordar rápidamente. La dilatación en la puesta a punto de la ley es parte de la estrategia de ajuste fiscal que impulsa el Gobierno", dijo Gildo Onorato, referente de la CTEP. Y agregó: "No vemos predisposición por parte del Gobierno para llegar a soluciones rápidas, y las necesidades en los barrios se siguen incrementando".

En la cartera que conduce Stanley le bajaron el tono al conflicto. "Nos estamos manejando con los tiempos lógicos dentro del marco que da la ley", aseguraron cerca de la ministra de Desarrollo Social.

Además, desde el Gobierno negaron que exista una "intención de dilatar la puesta en funcionamiento del Consejo de la Economía Popular", el novedoso organismo compuesto por las organizaciones, funcionarios de Trabajo y Desarrollo Social que administrará los $ 30.000 millones. Y sostuvieron que después de la aprobación de la ley "no se interrumpió la comunicación" con los jefes de las organizaciones sociales.

El triunvirato piquetero, mientras tanto, retomará la semana próxima su estrategia de diálogo en los despachos oficiales y presión en la calle. El martes próximo podría haber un encuentro con autoridades. Impacientes por la demora, apuestan a presionar para que comience a discutirse "cuanto antes" el destino de los $ 30.000 millones.