Un grupo de alrededor de 30 inversores afectados por el escándalo de $LIBRA prepara una demanda civil por daños y perjuicios contra varios de los principales nombres que aparecen vinculados a la investigación. Entre los apuntados se encuentran el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el trader Mauricio Novelli y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, además de otros involucrados en el caso.

La decisión llega después de que los inversores fueran apartados como querellantes del expediente penal que tramita en los tribunales de Comodoro Py. La nueva estrategia apunta, entre otras cosas, a demostrar que existe un interés legítimo en la investigación y que quienes perdieron dinero deben ser considerados damnificados.

El conflicto judicial tiene como antecedente una mediación realizada en mayo del año pasado. La instancia terminó sin acuerdo luego de que los representantes de Novelli y su socio rechazaran la posibilidad de una reparación y sostuvieran que quienes operan con criptomonedas deben asumir los riesgos propios de ese mercado.

Con la mediación agotada, los inversores quedaron habilitados para avanzar por la vía civil.

La disputa por el rol de los inversores en la causa penal

La salida de los damnificados del expediente penal se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto. La decisión judicial se apoyó, entre otros argumentos, en la consideración de que quienes compraron $LIBRA conocían el carácter especulativo de la operación y, por lo tanto, no estaría acreditado que hubieran sido engañados.

Los abogados de los inversores rechazaron esa interpretación. Sostienen que $LIBRA no puede ser considerada simplemente una moneda especulativa o una “memecoin”, sino que fue presentada públicamente como una herramienta de inversión y financiamiento para emprendimientos.

También plantearon que la exposición pública de Milei habría sido utilizada para generar confianza alrededor del proyecto y que, tras el desplome del activo, una gran cantidad de compradores terminó perdiendo sus fondos mientras un reducido grupo de billeteras obtuvo importantes ganancias.

El próximo 10 de agosto, la Cámara Federal deberá analizar el reclamo de los inversores para volver a intervenir como querellantes. Los representantes de los damnificados expondrán sus argumentos ante la Sala I, aunque está previsto que la presentación se realice por escrito.

Una causa penal que todavía no tiene indagatorias

Mientras los inversores preparan la demanda civil, la investigación penal continúa sin llamados a indagatoria, pese a que algunas medidas incorporaron elementos considerados relevantes para el expediente.

Entre ellos aparece el peritaje realizado sobre el teléfono de Mauricio Novelli. Según la investigación, allí se encontraron comunicaciones y anotaciones que apuntan a la participación de Javier y Karina Milei en gestiones vinculadas con el lanzamiento de $LIBRA.

También se investigaron movimientos de dinero realizados por Hayden Davis en los días previos a la creación de la criptomoneda. De acuerdo con la información incorporada al expediente, Davis transfirió unos 5 millones de dólares a dos intermediarios que luego aparecen relacionados con operaciones financieras de Novelli.

Una de las líneas bajo análisis apunta además a movimientos realizados en cajas de seguridad que Novelli abrió en un banco de Martínez pocos días antes del lanzamiento de $LIBRA.

Cuánto dinero reclaman

Por el momento, los abogados todavía no definieron el monto definitivo que reclamarán en la demanda civil.

Un análisis de la firma Arkham estimó que las pérdidas provocadas por el desplome de $LIBRA alcanzaron aproximadamente los 280 millones de dólares, aunque esa cifra contempla a más de 40.000 inversores afectados y no únicamente al grupo de 30 que prepara la presentación judicial.

En paralelo, durante el último tiempo también hubo diferentes intentos de alcanzar algún tipo de acuerdo económico para compensar a los damnificados. Entre ellos apareció una propuesta vinculada a Hayden Davis, quien había asegurado públicamente que había obtenido unos 100 millones de dólares de inversores argentinos y manifestó su intención de poner fondos a disposición de una eventual reparación.

Sin embargo, esas alternativas no prosperaron y la investigación penal continúa abierta.

Con la vía civil nuevamente en marcha, los inversores buscarán ahora que los tribunales reconozcan su condición de damnificados y obtener una compensación por las pérdidas que atribuyen al desplome de $LIBRA. La nueva demanda podría convertirse así en otro frente judicial para los principales protagonistas del escándalo.