En un nuevo intento por hacer frente al ajuste fiscal del Gobierno nacional, casi todos los mandatarios provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y acordaron avanzar con una iniciativa legislativa que les permita recuperar el control sobre una parte del Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión reflejó un consenso amplio entre gobernadores de distintos signos políticos y sumó presión sobre la Casa Rosada, que optó por restarle importancia al encuentro.

La reunión contó con representación de 22 de los 24 distritos. Entre los presentes estuvieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), entre otros. También asistieron vicegobernadores de provincias que no enviaron a sus jefes políticos. Solo se ausentaron Formosa y Corrientes.

El documento final firmado por los presentes planteó la eliminación de los fondos fiduciarios que se alimentan con el tributo a los combustibles. Según la propuesta, ese dinero debería ser redistribuido entre Nación y provincias «según las prioridades que cada una defina». En paralelo, pidieron que los ATN se asignen respetando los criterios de coparticipación vigentes, contemplando la coyuntura económica que atraviesan los distintos niveles del Estado.

Las provincias apuntaron a modificar la Ley 23.966, con la intención de asignar el 52% del impuesto sobre los combustibles a las jurisdicciones y dejar el 48% restante bajo la administración de Nación. También solicitaron cambios en la Ley 23.548 para que los ATN se repartan con criterios objetivos. La iniciativa incluye la disolución del Fondo Fiduciario para la Infraestructura del Transporte (FFSIT) y del Fondo de Infraestructura Hídrica (FFIH).

“El producido del impuesto establecido se distribuirá” en porcentajes específicos: Tesoro Nacional 10,40%, provincias 58,36%, Sistema Único de Seguridad Social 28,69% y compensación al transporte público 2,55%, según detalla el borrador del proyecto. A su vez, los gobernadores aclararon que la propuesta no compromete las cuentas nacionales y que representa un avance hacia una distribución más equitativa de los recursos fiscales.

Semanas antes, los mandatarios ya habían acercado una propuesta similar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esta vez, el Gobierno envió a su vice, Lisandro Catalán, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La respuesta no convenció a los gobernadores. “Tuvo gusto a poco”, evaluaron fuentes que participaron del encuentro.

Los representantes provinciales evitaron dar declaraciones públicas, pero coincidieron en transmitir una señal de unidad a través del texto firmado. En las conversaciones internas, se reconoció la existencia de dos posturas: una línea moderada, dispuesta a sostener el diálogo con Javier Milei, y otra más dura, que ya reclama una posición firme frente a la retención de fondos. En ambos casos, quedó clara la intención de reposicionarse políticamente antes de las próximas elecciones.

Uno de los temas que más preocupa a los mandatarios es el deterioro de la obra pública. Las provincias denunciaron que el Ejecutivo subejecutó gran parte del porcentaje destinado a infraestructura vial en el marco del impuesto a los combustibles. El abandono de rutas, la falta de señalización y los baches profundos son una constante en distintos puntos del país, lo que generó malestar incluso en distritos gobernados por aliados del oficialismo.

La Casa Rosada procuró quitarle tensión a la reunión. Según indicaron fuentes oficiales, el encuentro se desarrolló en buenos términos y permitió mantener abiertas distintas mesas de negociación. Al mismo tiempo, el Gobierno se enfocó en la reactivación del Consejo de Mayo, donde el mendocino Cornejo fue designado como interlocutor por parte de los gobernadores.

El proyecto en discusión servirá como base para futuras negociaciones. Por ahora, no se trató de una ofensiva cerrada contra el oficialismo, pero la iniciativa marcó un punto de inflexión en la relación entre Nación y las provincias. Mientras tanto, se espera que en el Consejo de Mayo, que comenzará a sesionar esta semana, el Gobierno busque contener los reclamos y evitar que la tensión escale.

En paralelo, algunos gobernadores ya evalúan cómo capitalizar el conflicto para fortalecer su posición de cara al escenario electoral. La falta de respuestas de la Casa Rosada, sumada al desgaste por el ajuste, aceleró los movimientos de jefes provinciales que buscan contrastar su gestión con la de Milei. Con esta jugada, buscan dejar en claro que no están dispuestos a seguir esperando.