Fueron por Congo; ahora por la Argentina. Fueron por sus bonos en default, pero también rastrearon activos derivados de la corrupción. Le apuntaron al presidente Denis Sassou-Nguesso; y ahora a la presidenta Cristina Fernández, a su hijo Máximo Kirchner y a su socio Lázaro Báez. Y bucearon en los lazos entre la petrolera estatal congoleña y el banco BNP Paribas, como ahora apuntan a YPF y su acuerdo secreto con Chevron. Hasta que, tras acusarlos de "serpientes" y "matones", Congo pagó. Ahora quieren el cheque de la Argentina.

Durante los últimos años, el fondo Elliott Associates -controlante de NML- desplegó un equipo de 100 personas para avanzar sobre la Argentina. Incluyó abogados, contadores, economistas, expertos financieros e investigadores. La mayoría integró antes la "task force" que puso contra las cuerdas a la República del Congo, tras una pesquisa que abarcó Hong Kong, Londres, París y las islas del Caribe. Ahora, por la Argentina, avanzan sobre los estados de Nevada y Delaware, en Estados Unidos, y paraísos varios en el Caribe, Europa y hasta las islas Seychelles.

El núcleo duro de los investigadores lo conforman ex periodistas de investigación de algunos de los medios más prestigiosos de Estados Unidos, al igual que ex oficiales de fuerzas de seguridad con vínculos aceitados en agencias de inteligencia, según reconstruyó la nacion.

El plan de Elliott es avanzar sobre tres objetivos simultáneos: detectar activos que puedan ejecutarse para cobrar sus acreencias, presionar a la Presidenta -no sólo como funcionaria, sino de manera personal, al avanzar sobre su hijo, su socio y ella misma- y generarle un dolor de cabeza al Gobierno ante la sociedad argentina, al dejar al descubierto, de lograrlo, millones de dólares extraídos de las arcas públicas por actos de corrupción.

Parece difícil, acaso imposible. Pero con el Congo no les fue mal.

"Nuestra disputa con el Congo tomó más de 10 años en resolverse. En cuanto a la Argentina, estamos en esto para largo", indicó a la nacion el rostro visible de NML, Jay Newman, en 2008, después de lograr que Sassou-Nguesso les pagara y el fondo comenzara, por tanto, a apuntarle a la Argentina.

Sassou-Nguesso accedió a negociar luego de que Elliott Asociantes, el fondo controlante de NML, reveló los gastos lujuriosos de su hijo con tarjetas de crédito -y sin un sueldo o patrimonio que lo justificara- en tiendas de Louis Vuitton, Ermenegildo Zegna o Christian Lacroix. También expuso que la comitiva presidencial gastó más de US$ 400.000 durante su estadía hotelera de una semana en Nueva York, en septiembre de 2005.

"Según su factura de hotel, su habitación costó US$ 8500 por día, pagados al contado, más de lo que un congoleño promedio gana en una década", relató Newman en el diario The Wall Street journal.

La respuesta de Sassou-Nguesso fue la previsible. Acusó a Elliott Associates y sus principales figuras de ser "gángsteres matones" y "serpientes en el océano", que se esconden en paraísos fiscales, les recordó, como las islas Caimán, donde una subsidiaria de ese fondo mantiene su domicilio fiscal.

Para el equipo de Elliott, sin embargo, la furia de Sassou-Nguesso sólo reflejó un síntoma de debilidad, por lo que redobló la apuesta. Reveló entonces vínculos turbios entre la petrolera estatal congoleña y el BNP Paribas. Los denunció por prácticas corruptas y mafiosas ocurridas bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces sí, el mandatario accedió a negociar. Arribaron a un acuerdo confidencial que incluyó el pago de US$ 90 millones -por bonos defaulteados que compraron por menos de US$ 20 millones- a cambio de retirar cargos contra los funcionarios.

Cacería global

Cerrada la carpeta congoleña, NML redobló su ofensiva contra la Argentina, a la que le reclama US$ 1700 millones, casi 19 veces más que al Congo. Con una coincidencia. Ambos países contrataron al mismo estudio jurídico para defenderse: Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Pero a los buitres les da igual. Comenzaron a bucear en las cuentas de Lázaro Báez y -entre otras líneas de investigación-, sus supuestos vínculos con el fondo suizo Helvetic, de allí a la firma Aldyne y, a través de ésta, con 123 sociedades en Nevada.

Apoyados en la legislación estadounidense, el fondo NML le exigió en 2013 a la firma que registró esas 123 sociedades, MF Corporate Services -del estudio Mossack Fonseca- que entregara toda la información disponible sobre cada una de esas entidades. La sospecha de sus investigadores es que Báez es el dueño de todas o varias de esas sociedades, con las que oculta fondos que pertenecerían a la Presidenta o a su hijo, Máximo Kirchner.

Desde entonces, sin embargo, los abogados de NML y Mossack Fonseca mantienen una esgrima legal en la que el fondo buitre obtuvo ya algunos documentos sobre las "sociedades de Báez", aún cuando los letrados del demandado replicaron que "Báez no tiene ninguna vinculación con ninguna de las 123 sociedades y, sin que sea una sorpresa, NML no ha aportado nada que apoye esa afirmación".

Junto al empresario ultrakirchnerista también niegan lazos con esas firmas. "Nunca saltó una cuenta o sociedad vinculada a Lázaro en Nevada. Y no salió porque no existe", indicó un vocero de Báez ante la consulta de la nacion. "Por él [por Báez] que sigan buscando información allá y ojalá que la consigan. Debe haber hasta cuentas de Magnetto [Héctor, CEO del Grupo Clarín], pero no de él", ironizó.

Pero el equipo de investigadores promete continuar su avance sobre Nevada, las islas Seychelles, Curazao, Suiza y Lichtenstein, entre otros paraísos, mientras que también le requirió a un juez en San Francisco, California, donde Chevron tiene su casa matriz, que bucee en los activos de esa petrolera y su socia YPF. Con US$ 1700 millones por cobrar, a Elliott Associates les sobra tiempo, energía y paciencia. Como a cualquier buitre.