El escándalo de los aportantes falsos a la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires el año pasado seguirá siendo investigado en La Plata. Con la firma del juez Martín Irurzun, la sala II de la Cámara Federal porteña le ordenó al juez porteño Sebastián Casanello que le remita su investigación por supuesto lavado de dinero al juzgado federal con competencia electoral 1 de La Plata.

Tras una publicación del sitio web El Destape en la que denunciaba la presencia de beneficiarios de planes sociales y empleados estatales como supuestos aportantes económicos a la campaña bonaerense de Cambiemos aunque ellos negaban haber puesto dinero, se iniciaron tres causas judiciales para investigar posibles irregularidades. Dos de ellas se radicaron en juzgados penales federales: una en los tribunales de la Ciudad a cargo del juez federal Sebastián Casanello, y la otra en el juzgado de Ernesto Kreplak en La Plata. Ellos investigan falsedad ideológica y dádivas y Casanello también indaga sobre supuesto lavado de dinero, por el eventual uso de dinero de planes sociales para la campaña oficialista.

La tercera causa se instruye en la Justicia electoral platense,donde el juez federal Adolfo Gabino Ziulu investiga la violación a las leyes que regulan los aportes a las campañas. Esa es la sede que pretende mantener el oficialismo, y la que este jueves convalidó la Cámara Federal porteña.

«La duplicidad de expedientes iniciados para dilucidar los mismos hechos, que involucrarían a las mismas personas de uno y otro lado del conflicto es inconveniente», dice en su voto el juez Irurzun.

«La alianza Cambiemos Buenos Aires se encontraba constituida por doce fuerzas políticas reconocidas como alianza electoral transitoria del distrito provincial para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires desarrolladas en el año 2017, sede donde a su vez -y por lógica consecuencia- ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado y donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio», razona el camarista.

«No conmueve lo expuesto la circunstancia de que una parte de las personas incluidas sean beneficiarias de distintos programas de asistencia social -punta de la cual se valía Casanello para investigar posible lavado de dinero-, pues la hipótesis en punto a que la información pudo haber sido obtenida de los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no alcanza, por si misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina», termina Irurzun.

Con la resolución de la Cámara -que le dio la razón al fiscal Carlos Stornelli respecto a la conveniencia de enviar la investigación a la capital bonaerense- queda ahora resolver cuál de los juzgados platenses se quedará con el expediente. La última decisión quedará en manos de la Cámara Federal de esa ciudad.

Hasta el momento, el juez Kreplak tiene información de que en la campaña electoral de Cambiemos del año pasado unos 567 de los 4.721 aportantes físicos eran beneficiarios de planes sociales (Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro). En esa campaña, Cambiemos declaró aportes por unos $ 86,2 millones, y casi la totalidad, el 96,6%, fue en efectivo.

Fuente: Clarín.