La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encendió las alarmas ante una ola de despidos masivos en áreas vinculadas a los Derechos Humanos y denunció una preocupante «militarización» de la administración pública

El conflicto estalló cuando efectivos policiales se presentaron en el predio de la ex ESMA, donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con listas de trabajadores para comunicar sus cesantías. Este episodio, calificado como un retroceso grave, fue comparado con prácticas de la dictadura militar y la gestión de Mauricio Macri.

“Volvió a llenarse de policías la Administración y son ellos, con listados en las manos, quienes comunican las cesantías”, expresó el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Aguiar también advirtió sobre el posible cierre de instituciones emblemáticas como el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria, junto con otros organismos clave para la preservación de las políticas de Derechos Humanos.

Además, el dirigente denunció que la situación se extiende a otros sectores del Estado, con cientos de trabajadores recibiendo cartas documento de despido.

“La motosierra sigue cortando con exclusividad a los trabajadores y jubilados”, cuestionó, en alusión a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Aguiar fue tajante al señalar la continuidad de lo que calificó como un escenario de “crueldad, persecución y violencia” hacia los trabajadores estatales. “Quieren barrer con la memoria de nuestro pueblo y destruir todas las políticas de derechos humanos”, concluyó.

La denuncia de ATE marca un nuevo capítulo en el conflicto entre los gremios estatales y el Ejecutivo, en un contexto que augura tensiones crecientes en la administración pública.