La ofensiva de La Libertad Avanza para reducir el gasto público en la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo con un proyecto que apunta directamente al funcionamiento de las comunas, una de las principales estructuras de gestión territorial. La iniciativa, impulsada en la Legislatura porteña, busca modificar la ley vigente para que la mayoría de los cargos deje de ser remunerada, lo que intensifica la tensión con el PRO, que resiste los cambios.

Actualmente, la ciudad está organizada en 15 comunas, cada una con una junta integrada por siete miembros: un presidente con funciones ejecutivas y seis comuneros. En total, son 105 representantes distribuidos en los distintos barrios porteños. Sin embargo, el espacio que responde a Javier Milei pretende alterar ese esquema sin modificar la cantidad de integrantes —algo que requeriría una mayoría especial—, sino cambiando el régimen de remuneraciones.

La propuesta, encabezada por el bloque que lidera Pilar Ramírez, dirigente cercana a Karina Milei, plantea que solo los presidentes de las juntas perciban salario, mientras que el resto de los integrantes pase a desempeñar sus funciones sin remuneración. “Desde LLA estamos presentando un proyecto para reformar la ley de comunas con el cual estamos buscando que solamente cobren los 15 comuneros que tienen funciones ejecutivas y que el resto tengan cargos ad honorem, para porteños que realmente quieran participar”, sostuvo la legisladora.

De avanzar la reforma, el 86% de los cargos actuales dejaría de implicar un costo para el Estado. Según estimaciones del espacio libertario, la administración de Jorge Macri destina alrededor de $5300 millones anuales al pago de salarios de comuneros. Cada uno percibe cerca del 60% del sueldo de un legislador porteño, mientras que los presidentes cobran el 70%.

En términos concretos, un comunero recibe alrededor de $4 millones netos mensuales, lo que implica que los 90 integrantes sin funciones ejecutivas representan un gasto de al menos $360 millones por mes. Ese es el monto que La Libertad Avanza busca eliminar. “Menos gasto sin retorno, más respeto por el esfuerzo de los porteños”, argumentan desde el bloque, que calcula un ahorro anual cercano a los $4320 millones.

Más allá del componente económico, el oficialismo nacional sostiene que la iniciativa apunta a reducir lo que considera estructuras ineficientes dentro del Estado. En esa línea, cuestionan el rol actual de las comunas y plantean que existe una superposición de funciones que no se traduce en mejores servicios para los vecinos.

Las juntas comunales tienen como responsabilidades principales el mantenimiento del arbolado urbano y de los espacios verdes, aunque también realizan relevamientos sobre seguridad, infraestructura y servicios para elevar al Ejecutivo porteño. Funcionan, además, como un nexo entre los vecinos y la administración central.

Desde el espacio libertario, sin embargo, relativizan su impacto. “La experiencia acumulada permite afirmar que la percepción de los porteños −lejos de ser exagerada− es que las comunas han operado, en gran medida, como un mecanismo de ampliación del aparato estatal, sin traducirse en una mejora sustantiva en la calidad de los servicios, ni en una mayor eficacia en la gestión territorial”, sostienen en el proyecto.

En el PRO rechazan de plano esa visión. Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, defendió el esquema actual y advirtió sobre los riesgos de la reforma. “Cuando la comuna cuenta con el financiamiento y las atribuciones adecuadas es una herramienta excelente, pero vaciarla de recursos humanos comprometidos solo sirve para que la gestión central pierda el foco y los problemas de los vecinos se queden sin respuesta”, afirmó.

El funcionario también cuestionó el impacto institucional de la iniciativa: “Al convertir el trabajo de seis de los siete comuneros en una tarea ad honorem y centralizar todo el poder y el salario en el Presidente de la Junta, se rompe el modelo colegiado que hoy nos da eficacia, velocidad y precisión en cada barrio”.

Detrás de la discusión técnica aparece también la disputa política. En La Libertad Avanza destacan su desempeño en las elecciones locales de mayo pasado, donde se impusieron en nueve de las 15 comunas, y proyectan ese crecimiento hacia los próximos comicios. El objetivo es disputar el control territorial y la Jefatura de Gobierno, lo que implicaría redefinir el mapa de poder en la ciudad.

Actualmente, el espacio libertario cuenta con 12 comuneros, ninguno de los cuales preside una junta, por lo que —de aprobarse la reforma— dejarían de percibir ingresos. Hoy, la mayoría de las presidencias están en manos del PRO y la UCR, mientras que el peronismo controla las restantes. De repetirse los resultados recientes, esa distribución podría modificarse significativamente en el corto plazo.