A pocos días de la renovación legislativa, el Gobierno se anticipa a una posible pérdida en el Senado, aunque sus efectos son considerados moderados desde su óptica. La razón es el potencial rechazo de la asunción de Lorena Villaverde, futura integrante de la bancada oficialista, a causa de una antigua imputación por narcomenudeo en los Estados Unidos con la que se la relaciona.

El próximo miércoles, en el recinto, se someterán a votación los expedientes de todos los dirigentes que lograron una banca en los recientes comicios nacionales. No obstante, la oposición busca impedir que la rionegrina preste juramento en su función. En el contexto de la controversia por sus antecedentes, el peronismo ha añadido al orden del día de la comisión de Asuntos Constitucionales —cuya reunión está pautada para las 11:00— la impugnación de la actual diputada libertaria.

Con respecto a esto, si bien algunos aseguran que “se trabajará tanto en el dictamen como en la sesión preparatoria” para intentar que Villaverde pueda asumir, un sector de la coalición gobernante ya acepta un desenlace desfavorable, e incluso señalan que no se realizarán grandes esfuerzos para evitarlo.

“Tengo entendido que saldría el rechazo y que no habría demasiada insistencia por parte nuestra, porque como queremos presionar por Ficha limpia, defenderla no ayudaría”, explicó una fuente parlamentaria con conocimiento de las conversaciones.

La senadora electa por La Libertad Avanza —según se difundió en los últimos meses— habría sido detenida hace más de dos décadas en Florida, Estados Unidos, por llevar 400 gramos de cocaína. De hecho, la controversia alcanzó tal magnitud que, durante su campaña para conseguir un lugar en la Cámara alta, la propia dirigente publicó videos en sus perfiles sociales donde se la veía sometiéndose a diversos tests para confirmar que no consume ningún tipo de sustancia ilícita.

“Soy diputada nacional, me han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién. Hay que transparentar a la sociedad quién es uno, entonces dije ‘voy a hacerme el procedimiento’, y acá estoy”, se escucha a la legisladora expresar en uno de los clips antes de realizar la prueba en una clínica de su provincia.

Y añadió, con el resultado en mano: “El screening de laboratorio dio exactamente negativo ante todas estas sustancias, ni cocaína, ni marihuana, ni anfetaminas, ni opiáceos, ni éxtasis”.

En el supuesto de que la Cámara finalmente deseche su pliego, el encargado de reemplazarla sería el suplente en la lista, Enzo Fullone. Esta persona, cercana a su círculo íntimo, ejerce funciones actualmente en la delegación rionegrina de Vialidad Nacional.

Por otro lado, la oposición también tendría la intención de impugnar las bancas de la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, y de Nadia Márquez, quienes se perfilan como las principales figuras del bloque libertario a partir del 10 de diciembre.

Incluso, la funcionaria aún en ejercicio ha sostenido diversas reuniones con los senadores de su espacio, tanto aquellos con mandato vigente como los recientemente electos, de las cuales participó Villaverde, aunque no habría intervenido en las gestiones para apoyarla.

Tal como este medio anticipó, en la comisión de Asuntos Constitucionales el peronismo cuenta con 8 miembros —de un total de 19— y, además, conseguiría el apoyo de otros tres integrantes de diferentes agrupaciones, sumando entre 10 y 11 firmas para rechazar el expediente de la dirigente rionegrina.

Aunque representa una derrota parcial, en el Gobierno se subraya que el pasado de la senadora electa obstaculiza los planes de retomar la discusión sobre Ficha Limpia, un proyecto que ya fue fallido en mayo anterior.

En esa ocasión, la norma cosechó 36 votos positivos y 35 negativos, lo que resultó insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta requerida para su aprobación. Esto ocurrió en medio de conjeturas sobre una posible postulación de Cristina Kirchner, ya que en ese momento la Corte Suprema de Justicia no había ratificado aún la sentencia en su contra. La regulación implicaba la modificación de los requisitos de elegibilidad para los aspirantes a cargos públicos y vetaba a quienes tuvieran una condena ratificada en segunda instancia por delitos vinculados a la administración pública.

Mientras tanto, el peronismo aspira a que este jueves se vote el proyecto que restringe rigurosamente la potestad del Presidente para emitir Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual proviene de Diputados con modificaciones. En una movida de último momento del oficialismo, durante su tratamiento en la Cámara baja, se desestimó el artículo 3, que establecía un plazo de 90 días consecutivos para que el Congreso se manifestara sobre un DNU y pudiera mantenerse en vigor. Esta pequeña alteración otorgó un margen de acción al Poder Ejecutivo, ya que ahora el proyecto debe retornar al Senado.