Con el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares trabado en Diputados, el Gobierno decidió redoblar la marcha tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada. Allí, las principales figuras parlamentarias de La Libertad Avanza recibieron la orden de sostener el tratamiento de la iniciativa, pese a que el trámite legislativo comienza a acumular demoras tras su veloz aprobación en el Senado.

El escenario se complejizó por un factor que el oficialismo no previó: la masiva convocatoria a la audiencia pública obligatoria por tratarse de una modificación ambiental. Impulsada en parte por las advertencias de empresas mineras, la apertura del debate despertó un interés inusitado. Más de 70 mil personas ya se anotaron para participar en las dos jornadas previstas, y el número podría seguir creciendo hasta el cierre de inscripción.

Este volumen de participantes choca directamente con la intención del Ejecutivo de acelerar la sanción de la ley, en línea con los intereses de quienes promueven la explotación de recursos en la cordillera. Ante ese desborde, los titulares de las comisiones a cargo anticiparon que no todos podrán exponer: se priorizará a los primeros inscriptos de cada provincia, mientras que el resto deberá enviar sus aportes por escrito o en formato audiovisual.

La organización de las audiencias, limitadas inicialmente a dos días, ya había generado cuestionamientos desde distintos sectores. La presión de bloques críticos y organizaciones ambientalistas ahora apunta a ampliar la cantidad de jornadas. Durante el plenario que fijó el cronograma, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro propuso federalizar las audiencias, pero desde el oficialismo desestimaron la idea con ironías.

En ese contexto, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Ambiente, Nicolás Mayoraz y José Peluc, explicaron las restricciones mediante un correo oficial: “La magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria. En consecuencia, la adopción de criterios organizativos resulta necesaria para garantizar un debate ordenado”.

Además, detallaron que “se invitará a participar en las audiencias de forma presencial a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”. Con exposiciones de cinco minutos por persona y jornadas que comienzan a las 10 de la mañana, el cálculo más optimista indica que no más de mil personas podrán intervenir en total, dejando a decenas de miles afuera del debate directo.

Desde sectores críticos al Gobierno cuestionan la organización del proceso. “En el oficialismo no se hacen cargo de su decisión. Nosotros advertimos que estaba mal organizado”, sostienen en despachos legislativos. En paralelo, desde el peronismo advierten: “Estamos viendo cómo garantizar la mayor participación posible, y posteriormente la judicialización de la ley por violar el Acuerdo de Escazu”.

La posibilidad de judicializar la norma fue, de hecho, uno de los factores que encendió alarmas en el sector minero y empujó al Ejecutivo a habilitar la instancia participativa. La estrategia oficial pasó entonces por postergar el avance legislativo para blindar la validez futura de la ley. Sin embargo, el resultado de este proceso aún es incierto.

Mientras tanto, desde el ambientalismo buscan capitalizar la convocatoria masiva. “No vamos a caer en la cultura de la derrota. La gente se está anotando masivamente, vamos a ser cientos de miles”, afirman, al tiempo que impulsan nuevas inscripciones y refuerzan la movilización social en torno al debate.