Durante una entrevista telefónica con Eduardo Román, la senadora provincial por el justicialismo Mónica Litza, defendió su proyecto de ley sobre seguridad. Había recibido críticas del gobernador Solá y de su ministro de justicia, Eduardo Di Rocco.
La senadora provincial justicialista por Avellaneda, Mónica Litza, salió a fundamentar y justificar los puntos de su proyecto de ley sobre seguridad, aprobado por el senado bonaerense, pero cuestionado por la supuesta inconstitucionalidad del mismo.
Los medios habían publicado que la ley que impulsa la legisladora, contempla suspensión del juicio a prueba para ciertos casos de robos sin arma, hurtos y estafas. Durante una entrevista telefónica con Eduardo Román el martes 10 de octubre, en el programa radial “Román Express”, Litza aclaró: “Es inexacto lo de la exoneración. Mi proyecto esta apuntado para aquellos delitos menores, que de ninguna forma presuponen la detención. El proyecto dice que serán beneficiados con esta ley aquellos delitos que no tengan cumplimiento de prisión. Acá no se saca de prisión a nadie, sino que la ley misma de la Provincia de Buenos Aires establece que sea el castigo en cumplimiento de libertad”.
El ministro de Justicia de la provincia, Eduardo Di Rocco, dijo que la propuesta es inconstitucional y explicó que "a la probation la regula el Código Penal. Es legislación de fondo, sólo el Congreso de la Nación lo puede modificar”. Litza, por su parte asegura que su proyecto irá a diputados y allí lo revisará la Comisión de Asuntos Constitucionales para evaluar su validez. “Si se convierte en ley, el gobernador podrá vetarlo y, de última, si es una ley de dudosa constitucionalidad, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires tendrá la ultima palabra al respecto”, advirtió.
El propio gobernador había dicho que la aprobación de la cámara alta bonaerense lo había “tomado por sorpresa” y que no debería ser tratado en diputados. Al respecto Litza comentó: “yo creo en la independencia de poderes. Vengo trabajando hace muchísimo tiempo, mas de un año y la cámara de senadores tiene más de 20 hojas de fundamentos sobre el proyecto”.
Sobre el sistema de “probation” que promueve, alegó que “aquella persona que esta en libertad y tiene un proceso abierto en tribunales, lo que decimos es que no este alegre en su casa, sino que pueda de alguna forma reparar el daño, a la víctima en primer lugar. Si no tiene la escolaridad primaria, que la haga, para que pueda resocializarse”.
El proyecto de la senadora surgió a raíz de la observación y los comentarios que escuchó de cientos de fiscales sobre el trabajo que realizan, de allí que haya recibido un apoyo unánime de la cámara. “Hay una acumulación de fojas en los juzgados, y la intención de este proyecto es que los fiscales puedan dedicar los recursos materiales y humanos que tiene la justicia, que no son infinitos, a las causas que verdaderamente importan en el tema de la seguridad”.
