El gobierno de Javier Milei presentó ante el Senado el dictamen de comisión para tratar la candidatura del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema. La decisión se dio en simultáneo con el debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de ficha limpia, que busca establecer requisitos más estrictos para la representación política.

Lijo ha sido cuestionado por diversas razones, incluyendo su patrimonio y su desempeño en la magistratura. Mientras tanto, la ley de ficha limpia avanza en Diputados con posibilidades de ser aprobada.

Según fuentes legislativas, la postulación de Lijo enfrenta dificultades para alcanzar los votos necesarios en el Senado, mientras que la ley de ficha limpia contaría con mayor respaldo y podría ser aprobada si no se presentan obstáculos desde el oficialismo.

Una senadora con llegada a distintas bancadas señaló que «los votos para Lijo todavía no están, pero todo indica que, si el Gobierno no la bloquea, sí estarían los votos para aprobar la ley de ficha limpia». Además, agregó que este proyecto afectaría directamente a Cristina Kirchner, lo que genera tensiones dentro del peronismo, sector del cual Milei necesita apoyo para lograr los dos tercios necesarios para la designación de Lijo.

El kirchnerismo, por su parte, no considera la ficha limpia como un tema de negociación, lo que podría condicionar la estrategia del oficialismo en el Senado.

Diversos senadores y referentes políticos sostienen que la inclusión del proyecto de ficha limpia en las sesiones extraordinarias y su media sanción en Diputados habrían respondido a una estrategia del Gobierno para utilizarlo como herramienta de negociación con el kirchnerismo. Según esta hipótesis, la postergación del tratamiento en el Senado beneficiaría a sectores del peronismo a cambio del respaldo a la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema.

Sin embargo, dentro del kirchnerismo consideran que esta oferta no sería suficiente. En el peronismo advierten que, incluso si la ley de ficha limpia no se aprueba, Cristina Kirchner podría quedar inhabilitada para competir electoralmente si la Corte Suprema ratifica su condena, ya que un fallo firme impediría su candidatura.

Las negociaciones en el Senado continúan, ya que el oficialismo necesita alcanzar el quórum y conseguir los dos tercios de los votos para avanzar con la postulación de Lijo. Desde el interbloque peronista y el kirchnerismo aseguran que aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo, aunque las conversaciones siguen en curso. Mientras tanto, el Instituto Patria mantiene silencio sobre el tema, lo que refuerza las versiones de que la discusión aún no está cerrada.

El kirchnerismo mantiene su demanda de avanzar en la ampliación de la Corte Suprema, la designación del Procurador General de la Nación y la confirmación de jueces promovidos durante los gobiernos peronistas como parte de las negociaciones para respaldar la postulación de Ariel Lijo. Hasta el momento, el Gobierno no ha concretado avances en estos temas.

Cristina Kirchner sigue ejerciendo un fuerte control sobre la mayoría del bloque de senadores, aunque algunos gobernadores mantienen cierta autonomía en negociaciones puntuales. Según fuentes legislativas, sin un acuerdo con el Instituto Patria, sería difícil reunir los votos necesarios para la designación de Lijo en la Corte Suprema.

“Con los opositores dialoguistas los votos se juntan de a uno, pero con el peronismo hay que lograrlos de a muchos. En los temas que a Cristina de verdad le importan, eso es más potente todavía”, señaló una senadora con experiencia en negociaciones en la Cámara alta.

Por su parte, un legislador radical afirmó que si el oficialismo contara con los votos suficientes, habría convocado a sesión inmediatamente después de presentar el dictamen para tratar la designación de Lijo con los dos tercios requeridos, evitando así posibles cambios en las posiciones de los senadores durante el proceso.

Tras la presentación del dictamen para tratar la candidatura de Ariel Lijo en el Senado, se intensificaron las gestiones y contactos con los legisladores para asegurar los votos necesarios. La conformación de la Corte Suprema es una de las principales prioridades del Gobierno, mientras que otros temas, como la suspensión de las PASO, avanzan con mayores posibilidades de ser aprobados.

La ley de ficha limpia, en cambio, no ha sido considerada una prioridad para el oficialismo. Sectores políticos sostienen que un eventual fallo firme contra Cristina Kirchner ya impediría su candidatura, por lo que su exclusión anticipada del escenario electoral no representaría un beneficio estratégico para el Gobierno.

En este contexto, se llevan adelante múltiples negociaciones para lograr apoyo a la postulación de Lijo. Según fuentes legislativas, el juez habría manifestado que, una vez presentado el dictamen con las firmas necesarias, se encargarían de reunir los votos en la sesión. Su postulación cuenta con el respaldo del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien ha mantenido una activa participación en las gestiones.

Por su parte, la Casa Rosada también trabaja para asegurar la designación. Diversas versiones indican que, en caso de no obtener los votos en el Senado, el Gobierno podría nombrar a Lijo por decreto en comisión por un año, junto con Manuel García-Mansilla, el otro candidato propuesto para la Corte, cuyo pliego aún no ha sido tratado en la Cámara alta.

Sin embargo, tanto el oficialismo como Lijo buscan que la designación se realice mediante el procedimiento previsto en la Constitución para evitar impugnaciones. Para ello, confían en la capacidad de negociación del juez y en sus vínculos en distintos ámbitos de poder.

En las últimas horas, los senadores que se oponen a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema han recibido presiones intensas, con múltiples llamados para que cambien su postura y respalden al juez federal. Uno de los legisladores que ya ha anticipado su rechazo a la candidatura de Lijo mencionó que la situación está rodeada de una gran secretividad, destacando que ha sido contactado por diversas personas para que modifique su decisión.

Esta presión no se limita a unos pocos, ya que muchos senadores, principalmente de los bloques de la UCR y de Pro, se han visto involucrados en negociaciones internas y externas. Los llamados provienen de gobernadores, dirigentes partidarios y financistas de campañas políticas, quienes intentan asegurar el apoyo a Lijo.

Dentro de la UCR, el presidente del bloque de senadores, Eduardo Vischi, firmó el respaldo a Lijo, lo que causó malestar dentro de su bancada. A pesar de haber negado públicamente su apoyo, varios de sus compañeros de bancada se sorprendieron al comprobar que había respaldado la candidatura del juez. Este tipo de situaciones también genera tensiones dentro del partido y con los gobernadores y dirigentes vinculados al sector del empresario Daniel Angelici.

Uno de los senadores más involucrados en la cuestión es Martín Lousteau, presidente de la UCR. Aunque ha expresado su apoyo a la idea de que se nombre a una mujer en la Corte, ha evitado rechazar de manera definitiva la candidatura de Lijo. La falta de consenso dentro de su partido lo ha llevado a convocar a los gobernadores radicales para que definan su postura, aunque muchos siguen pendientes de la postura del peronismo y de los votos que puedan reunir tanto Lijo como el Gobierno.

Los senadores reconocen que rechazar la candidatura de Lijo podría tener repercusiones negativas, tanto si el juez no llega a la Corte como si finalmente es designado. En ambos casos, señalan, Lijo o los jueces que le son afines podrían tener un poder considerable sobre la política judicial.

Este contexto de presión y negociaciones internas ha sido calificado por algunos asesores como un reflejo de un sistema judicial en el que los actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, temen las consecuencias de un fallo adverso. A pesar de las contradicciones, el Gobierno sigue trabajando para asegurar los votos necesarios para la designación de Lijo, mientras se mantiene en duda si se logrará evitar las paradojas que implican las iniciativas como la ficha limpia.