La causa que investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA volvió a tomar impulso en el Congreso. Diputados de la oposición solicitaron reactivar la comisión investigadora y pidieron que el fiscal Eduardo Taiano sea apartado del expediente por presunto entorpecimiento de la investigación.
El reclamo se produjo tras la aparición de nuevos chats y registros de llamadas que vincularían al empresario Mauricio Novelli con funcionarios del Gobierno en las horas posteriores al tuit del presidente Javier Milei que promocionó la criptomoneda. Según trascendió, también se habría encontrado un borrador que mencionaría un pago millonario destinado al mandatario por la difusión del proyecto.
En una conferencia de prensa realizada en el Congreso, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro anunció que el objetivo es conformar una nueva comisión investigadora para profundizar el análisis político del caso y determinar responsabilidades dentro del Gobierno.
Además del pedido para que la Cámara de Diputados retome la investigación parlamentaria, los legisladores decidieron presentar una denuncia contra Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal. Según argumentaron, el fiscal habría obstaculizado el acceso a información clave y limitado las facultades del Congreso para avanzar con el seguimiento del caso.
El planteo también incluye nuevos pedidos de informes al Poder Ejecutivo y la posibilidad de convocar a funcionarios para que den explicaciones sobre las comunicaciones vinculadas al lanzamiento y promoción del activo digital.
El escándalo por $LIBRA se remonta a febrero de 2025, cuando el presidente difundió la criptomoneda en redes sociales. Tras ese respaldo público, el valor del token se disparó y luego se desplomó, generando fuertes pérdidas para miles de inversores y dando lugar a denuncias por una posible maniobra de tipo “pump and dump”.
Con las nuevas revelaciones y la presión política creciente, la oposición busca que el Congreso vuelva a poner el foco en el caso para determinar si hubo responsabilidades políticas en el episodio que sacudió al Gobierno
