Aunque el Gobierno intenta correrlo de la agenda, el escándalo por el token $Libra no deja de crecer. Desde que Javier Milei lo promocionó por redes sociales —y luego lo calificó como una estafa— se abrieron investigaciones en varios frentes: en la Justicia Federal, en la Oficina Anticorrupción, en el Congreso Nacional y también en tribunales de Estados Unidos. El denominador común en todos los casos es la resistencia del oficialismo a brindar información.

En Comodoro Py, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano encabezan el expediente principal. En los últimos días, Servini pidió al Banco Central que informe qué cuentas bancarias tienen o tuvieron los hermanos Milei, además de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, señalados como los nexos entre el Gobierno y los desarrolladores del token. También ordenó el congelamiento de bienes por 90 días y una serie de allanamientos en casas, oficinas y espacios vinculados a los acusados. El caso dio un giro tras la difusión de imágenes en las que se ve a la madre y a la hermana de Novelli vaciando cajas de seguridad en el Banco Galicia, apenas estalló el escándalo.

A la par de la causa penal, avanza una demanda civil impulsada por 24 damnificados, que aseguran haber perdido unos 4,5 millones de dólares. El 15 de mayo se realizó una audiencia de mediación obligatoria, pero los hermanos Milei no se presentaron. Solo uno de los acusados, Terrones Godoy, participó a través de su abogado. El abogado Nicolás Oszust, que representa al grupo, ahora analiza si el reclamo se continúa en Argentina o se traslada a tribunales norteamericanos. Entre los estafados hay ciudadanos de España, Francia, Bosnia, Estados Unidos, Colombia y Reino Unido.

En el Congreso, la oposición logró crear una comisión investigadora, pero el oficialismo evitó que se designaran autoridades y también logró frenar la interpelación a Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona, prevista para el 14 de mayo. Ya antes, el 29 de abril, ambos ministros habían esquivado una citación con la excusa de problemas de agenda. El único que asistió fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que no dio respuestas concretas.

La Oficina Anticorrupción, a cargo de Alejandro Melik, mantiene un silencio absoluto. A través de solicitudes de acceso a la información, se supo que el organismo nunca analizó los antecedentes comerciales de los hermanos Milei y rechazó brindar datos sobre la supuesta investigación interna. Todo indica que el tema fue sepultado puertas adentro.

El escándalo también cruzó fronteras. En Estados Unidos, un grupo de damnificados presentó una demanda colectiva representada por el estudio Burwick Law, que busca recuperar el dinero perdido por la vía civil. La causa, que estaba en el tribunal estatal de Nueva York, fue trasladada al Tribunal Federal del Distrito Sur (SDNY). Allí se apunta contra Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures), Julián Peh (Kip Protocol) y Ben Chow, cofundador de Meteora, la plataforma desde donde se lanzó $Libra. Chow fue quien, según se filtró, habría dicho en privado: “Acabo de habilitar al mayor criminal del mundo”, en referencia a Davis y su familia.

Las distintas investigaciones buscan esclarecer qué rol tuvo cada uno de los involucrados: Javier Milei, sin cuya participación no se habría legitimado el proyecto; su hermana Karina y el vocero presidencial Manuel Adorni, que participaron en reuniones clave en Casa Rosada; y los empresarios Novelli, Terrones Godoy, Morales, Davis, Peh y Chow, considerados piezas centrales en la operación.

Pese al esfuerzo del Gobierno por dejar atrás el tema, el caso $Libra se mantiene vivo. Las causas avanzan en distintos niveles y ya no se trata solo de una polémica en redes: hay denuncias cruzadas, millones perdidos y un entramado que cada día compromete más al Presidente y su entorno.