El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros establece la paridad de hombres y mujeres en las listas electorales y la presencia equilibrada de ambos sexos en los consejos de administración de las empresas. El objetivo es asegurar la igualdad de manera que se exprese en un ingreso decisivo de las mujeres en los círculos de poder, en los lugares de mando. El Ejecutivo habla de "repartir la tarta del poder, político y económico ahora exclusivamente masculina".

La futura ley establece que ningún sexo tendrá más del 60% ni menos del 40% en las candidaturas electorales para que ambos sextos tengan una representación equilibrada en las instituciones. Los casos de discriminación se castigan con multas de hasta 90.000 euros. Pero, las disposiciones que más revuelo han causado, sobre todo entre los empresarios, es la que obliga a las grandes y medianas compañías para que, en un plazo de ocho años, haya en sus consejos de administración y directorios la misma proporción que en las listas. Es decir, no más del 60% ni menos del 40%.

La derecha y el empresariado en general rechazan estas medidas que consideran discriminatorias contra los hombres e insisten en que el criterio para los ascensos debe ser sólo el del mérito. Hay que recordar que ahora las mujeres sólo representan el 3% de los puestos ejecutivos en España. El anteproyecto de ley también obliga a este y a los futuros gobiernos a respetar la paridad en los nombramientos de cargos públicos.

Ante las críticas, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, señaló que la ley es necesaria para alcanzar la "igualdad real entre hombres y mujeres en España". Este es un objetivo difícil de conseguir dadas las actuales desigualdades en contra de las mujeres, cuyo salario bruto medio es 40,6% inferior al de los hombres. La pobreza castiga mucho más a las mujeres porque de los 4,8 millones de hogares encabezados por ellas, el 43,3% tiene ingresos inferiores a los 14.000 euros anuales, una cifra que desciende al 28,8% cuando los hombres son la cabeza exclusiva de la familia.

"En dos años y medio hemos hecho en España más de lo que se haya hecho jamás en tan poco tiempo", declara la vicepresidenta del ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, quien también actúa como ministra de la Presidencia. "Tenemos un primer ministro (José Luis Rodríguez Zapatero) que no sólo dice que es feminista sino que actúa como un feminista", añade esta mujer de 57 años, convertida en la ministra más valorada en las encuestas de opinión.

"Una cosa que realmente despierta mi vena rebelde son veinte siglos de dominación de un sexo sobre otro", declaró Rodríguez Zapatero apenas llegó al poder en abril de 2004. Desde esa valoración, el gobierno socialista ha avanzado con medidas muy trascendentes a favor de la liberación femenina. Por comenzar, las ministras integran la mitad del gabinete, una mujer es vicepresidente, y en el Parlamento el 36% de los diputados son mujeres.

Los progresos también se han producido en la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas, una legislación que facilita el divorcio pero que, además, estipula que los hombres deben compartir el trabajo doméstico con las mujeres y la crianza de los hijos.

Quizás la más trágica expresión del costo humano de esta lucha por la liberación femenina se expresa en la violencia doméstica, porque no deja de crecer el número de mujeres víctimas de sus cónyuges o ex parejas. Las mujeres constituyen el 55% de las víctimas de toda clase de agresiones.