El Senado debatirá este jueves la modificación de la Ley de Glaciares 26.639, una iniciativa que el Gobierno pretende convertir en ley y que generó fuertes cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales. La norma vigente fijó desde 2010 criterios de protección sobre glaciares y zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce para gran parte del país.

El proyecto oficial propone cambios en la definición de los cuerpos de hielo que quedarían bajo protección y otorga a las provincias un rol central en la determinación de qué áreas cumplen funciones hídricas. La reforma desplaza la intervención de organismos científicos y deja decisiones clave en manos de gobiernos provinciales con intereses mineros, un punto que concentra las principales críticas.

La licenciada Laura Isla Raffaele, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que la iniciativa “pone en riesgo uno de los marcos legales de protección hídrica más importantes del país”. La especialista explicó que los glaciares cumplen una función esencial en regiones áridas y señaló: “Almacenan agua en forma de hielo y la liberan en períodos secos, sosteniendo ríos, poblaciones y actividades productivas. Sin estos aportes, muchas regiones áridas no podrían sostener su vida ni su economía”.

La ley vigente prohíbe actividades extractivas que puedan afectar la estabilidad de los glaciares, entre ellas proyectos mineros e hidrocarburíferos en áreas sensibles. Esa restricción generó resistencias en el sector minero desde la sanción de la norma y ahora aparece como uno de los principales motivos de la reforma.

El proyecto busca facilitar inversiones en minería, en especial en proyectos de cobre, que las provincias mineras promueven como motor de desarrollo económico. La iniciativa también se vincula con el régimen de incentivos a las inversiones que el Gobierno extendió para atraer capitales al sector extractivo.

Según Isla Raffaele, la modificación apunta a remover obstáculos a esas actividades. “La modificación busca habilitar más proyectos mineros en zonas periglaciares”, afirmó. También sostuvo que la delegación de facultades a las provincias representa un riesgo ambiental. “Es extremadamente riesgoso trasladar la decisión del ámbito científico a autoridades provinciales que pueden tener intereses económicos en la expansión minera”, sostuvo.

El proyecto permitiría que los gobiernos provinciales determinen qué glaciares cumplen funciones hídricas e incluso soliciten la eliminación de algunos cuerpos de hielo del inventario oficial. Esa posibilidad implicaría que ciertos glaciares pierdan protección legal, lo que encendió alertas entre especialistas.

Desde el sector minero sostienen que la reforma permitirá reglas más claras y mayor seguridad jurídica. También señalan que las provincias deben tener un rol más activo en la regulación ambiental bajo el concepto de “Federalismo ambiental”. Argumentan que el desarrollo productivo puede convivir con la protección de los recursos naturales y que la minería genera empleo y actividad económica en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Sin embargo, los críticos remarcan que los cambios contradicen los objetivos de preservación ambiental y el discurso oficial sobre transición energética. También advierten que los glaciares constituyen reservas hídricas formadas durante miles de años y que su deterioro resulta irreversible.

Isla Raffaele resumió ese riesgo con una advertencia directa: “El agua es un recurso vital y estas reservas tardaron miles de años en formarse. Si los glaciares se destruyen, no hay forma de recuperarlos”.

El resultado de la votación se definirá voto a voto. Si el Senado aprueba la reforma, el proyecto pasará a Diputados. El Gobierno buscará mostrar ese avance como una señal favorable a las inversiones mineras, aun frente a las advertencias por el impacto ambiental.