El proyecto plantea la «responsabilidad social extendida» del productor, y es pionero en incluir a la economía social en la solución al problema mundial de la basura. Todo indica que el martes no habría sesión para tratarlo.
Faltan dos semanas para que la Cámara de Diputados cambie su composición y no hay certezas de que haya una sesión antes del 10 de diciembre. La negociación que llevaban el bloque del Frente de Todos (FdT) y la oposición para sesionar el próximo martes se estancó este viernes por las diferencias existentes en torno a la nueva ley de envases que, entre otros puntos, establece la creación de una tasa del 3% que deberán pagar las empresas que produzcan envases contaminantes para reforzar su reciclado.
La iniciativa avanzó con fuerza después de las elecciones y ya cuenta con dos dictámenes de mayoría para llegar al recinto. Sin embargo, afronta una feroz ofensiva de lobby, impulsada por las firmas afectadas y los grupos de cabildeo que las representan, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y la que reúne a la industria de bebidas sin alcohol (Cadibsa). A este complejo panorama, se suma la desconfianza de aliados esquivos del oficialismo sobre la naturaleza de la norma.
El texto, que fue respaldado hace tres semanas por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, lleva la firma del titular del bloque oficialista, Máximo Kirchner, pero fue redactada e impulsada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Uno de sus principales puntos es la creación de una tasa ambiental para las empresas y productores que coloquen envases en el mercado llamada «Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP)». De acuerdo al proyecto, su monto no puede ser superior al 3% del valor de venta del producto envasado y premia a las firmas que fabriquen sus envases con materiales reciclables y que sean fáciles de reutilizar.
En JxC guardaron silencio público sobre los reclamos que hicieron a cambio de aportar el cuórum y los votos. Sin embargo, testigos de la negociación confiaron a este medio que el mayor interbloque opositor exigió sacar la tasa variable que tiene un máximo del 3%. Desde hace una semana, los principales referentes de ese interbloque demuelen la propuesta por la tasa y siembran sospechas sobre el destino de su recaudación. Aseguran que impacta en los costos, golpea al bolsillo de los consumidores y perjudica a las empresas, que ya hicieron tronar su desacuerdo en las reuniones de las comisiones que tramitaron el texto. A ese planteo, el bloque Unidad y Equidad Federal para el Desarrollo, que lidera el mendocino José Luis Ramón, también sumó su negativa. También consideran que afecta a los consumidores con el traslado a los precios.
A ese rechazo se sumó el interbloque lavagnista, que lidera Alejandro “Topo” Rodríguez. Su compañera de bancada, Graciela Camaño, ya presentó una iniciativa alternativa sin la tasa que tiene el respaldo de las cámaras y de algunas voces de JxC, como el diputado radical Gustavo Mena. Será una de las instancias que elegirán distintos representantes de la oposición para no votar la propuesta oficialista. El bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, también confirmó que se opone.
