La Ley de Alquileres N° 27.551 fue promulgada en junio de 2020, cuando el Congreso Nacional, en medio de la pandemia de coronavirus y con actividad virtual, la sancionó para buscar mayores beneficios a los inquilinos. Sin embargo, la ley, impulsada por Juntos por el Cambio (JxC), trajo más consecuencias malas que buenas y afectó tanto a inquilinos como a los propietarios e hizo que se incrementaran los precios en más de 110 %.

Por eso, en los últimos días, el Gobierno nacional analiza derogar la ley mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Justamente, sobre este tema dialogaron este lunes en la Casa Rosada el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, entre otras cosas, para que la ley vigente no siga afectando a los inquilinos que, afectados por el aumento de precios, se les dificulta encontrar un precio acorde a sus necesidades.

El encuentro entre los mandatarios duró dos horas, entre las 13.30 y las 15.30 de este lunes, en el que también trataron otros temas candentes de la economía. No obstante, la situación de los alquileres fue un punto central que dialogaron y que, más allá de que el Congreso está en tratativas para derogar la ley de 2020, tomó fuerza la idea de que Fernández firme el DNU para acelerar el proceso en un año electoral.

El año pasado, los diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) y de la oposición llegaron a un acuerdo para empezar a debatir modificaciones a la ley actual o, directamente, la derogación. Sin embargo, tras varias semanas de deliberaciones en comisión, en junio último el oficialismo y la oposición emitieron sendos dictámenes modificando la ley actual, pero no llegaron a consensuar un texto único para llevar al recinto.

En su vigencia, la oferta de alquileres cayó a niveles históricos y, según los especialistas, «destruyó el mercado» con aumentos récord de más del 110 %. Por estos días, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hay sólo 1500 propiedades en renta y en la provincia de Buenos Aires hay contratos que son casi impagables para la gran mayoría. Además, muchos propietarios eligen no alquilar sus inmuebles producto de la falta de incentivos y las «trabas» que introdujo la nueva ley.

Cuáles fueron los principales cambios que introdujeron la ley

Con la antigua ley, el plazo mínimo para un contrato de alquiler era de dos años y ahora es de tres. La ley dice que, «si carece de plazo expreso y determinado mayor», el contrato «se considera celebrado por el plazo mínimo legal de tres (3) años». Además, a partir de la vigencia de esta ley los contratos deben ser declarados por el locador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP).

Por otro lado, la norma señala que «el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales». Es decir que no se pueden realizar aumentos trimestrales ni semestrales.

Otro cambio sustancial fue que antes de la vigencia de esta norma no estaba establecida la manera de actualizar el monto del alquiler. La ley introdujo una novedad: «Los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)», que es un índice salarial.

Desde entonces, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica todos los días dicha fórmula, llamada Índice de Contratos de Locación (ICL).