Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional que encabeza Leonardo Grosso, se emitió un comunicado repudiando la feroz represión ocurrida en el Hospital Borda.

El texto sostiene: “Nos sumamos al repudio generalizado frente a la brutal represión ejercida por la Policía Metropolitana en contra de trabajadores, pacientes e incluso periodistas del Hospital Borda, que solo reclamaban contra la demolición de un sector del centro de salud.

La violencia institucional se desata en contra de trabajadores y pacientes que no cometían delito alguno criminalizando un conflicto social desatado por la intención del gobierno de construir un ‘Centro Cívico’ en espacios públicos destinados al Hospital Borda.

El ministro Montenegro debería tener honestidad intelectual y presentar su renuncia ante un hecho de semejante gravedad. Ha quedado claro que hubo una importante falta de responsabilidad política durante la represión. En el Hospital Borda no se presentó ninguna autoridad porteña con responsabilidad política.

No se hacen cargo de la brutal represión. No se hacen cargo de la responsabilidad política que tienen sobre su Fuerza de Seguridad. Yo vi saña en las imágenes. Fueron a golpear, no a prevenir. ¿Quién dio la orden? ¿La Policía actuó por cuenta propia? ¿Montenegro no puede conducir su propia Fuerza de Seguridad?

La gravedad de los hechos se multiplica cuando se pone de manifiesto que se reprime para concretar un millonario negocio que beneficie a unos pocos. El Gobierno porteño sacrifica terrenos y edificios destinados a la Salud Pública y ordena la demolición del Taller Protegido N° 19, que conforme el art. 1° de la Ley 955, constituye un efector estatal de la Red de Salud Mental y resulta un eje esencial en la implementación de las políticas de atención ambulatoria, reinserción y rehabilitación de los pacientes.

Desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional denunciamos a Mauricio Macri y a los responsables de instalar la violencia institucional mediante la represión indiscriminada contraria a elementales principios que regulan el uso de la fuerza pública, que solo debe utilizarse como último recurso y adecuarse a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

Asimismo, denunciamos que esta política de violencia institucional, represión y criminalización de conflictos sociales constituye un elemento central en la política de seguridad del macrismo, que recurre a estas prácticas para silenciar los legítimos reclamos de diversos colectivos sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en el presente caso donde se encuentra en juego ni más ni menos que la salud mental de sectores vulnerables.

Leonardo Grosso - Coordinador Ejecutivo de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional -Diputado Nacional FPV - Movimiento Evita”

ACTIVIDAD EN LA UNSAM

El viernes por la noche, en el Campus Miguelete de la UNSAM, el diputado nacional Leonardo Grosso junto a un calificado panel, disertó sobre la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional y aprobada en los últimos días por el Congreso de la nación.

Acompañaron al legislador nacional en la exposición: Alberto Palacio, secretario de DDHH de la municipalidad de San Martín; reconocidos letrados, entre los que se destaca el abogado Juan Manuel Casolatti, abogado de Mariano Ferreyra y Julián Ríos, director general de Economía Social y Solidaria de San Martín.

Los expositores, hablaron de los pormenores de la reforma judicial y profundizaron en diversos detalles desconocidos de la iniciativa.