El Gobierno nacional oficializó un esquema de recomposición salarial para Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, mientras los trabajadores de la Administración Pública Nacional recibirán incrementos inferiores al 2% mensual durante el último trimestre del año.
El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de seguridad, en una medida que volvió a poner bajo la lupa las prioridades presupuestarias de la administración nacional.
A través de decretos y resoluciones del Ministerio de Seguridad, el Ejecutivo estableció incrementos para el personal de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval que, según el esquema difundido, alcanzan porcentajes de entre 20% y 35%, dependiendo del escalafón y los suplementos correspondientes.
La medida se conoce en un contexto de fuerte discusión por el financiamiento de las universidades nacionales y los salarios de los trabajadores estatales.
Aumentos para las fuerzas federales
El nuevo esquema contempla una recomposición especialmente dirigida a los escalafones más bajos y suplementos vinculados al despliegue territorial.
En el caso del personal militar, el aumento previsto para el período septiembre-diciembre alcanza un 12,22% acumulativo, lo que llevaría la recomposición anual al 32%.
La decisión se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno para actualizar los ingresos del personal uniformado, en un momento en que las fuerzas federales tienen un rol central en los operativos de seguridad y en el control de manifestaciones y protestas.
El contraste con los trabajadores estatales
En paralelo, el Ejecutivo homologó mediante el Decreto 832/2026 una pauta salarial para los trabajadores civiles de la Administración Pública Nacional.
El esquema establece incrementos de:
- 1,90% en septiembre
- 1,80% en octubre
- 1,60% en noviembre
- 1,50% en diciembre
El acuerdo fue firmado por la conducción de UPCN, mientras que ATE rechazó la propuesta.
La diferencia entre los porcentajes otorgados a las fuerzas federales y los previstos para el resto de los trabajadores estatales generó cuestionamientos desde los sectores sindicales y de la oposición, que advierten sobre una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Universidades, en el centro de la discusión
La decisión también se produce mientras continúa el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales.
Docentes y trabajadores nodocentes vienen reclamando una recomposición salarial y mayores recursos para las casas de altos estudios. En ese marco, se convocaron medidas de fuerza y jornadas de paro en distintas universidades del país.
El reclamo universitario se suma a las críticas por el ajuste presupuestario aplicado durante la gestión de Milei a distintas áreas del Estado, entre ellas educación, ciencia y salud.
Desde los sectores críticos del Gobierno cuestionan que el Ejecutivo sostenga una política de fuerte austeridad para buena parte de la administración pública mientras dispone recomposiciones salariales de mayor magnitud para las fuerzas de seguridad y militares.
Una discusión sobre las prioridades del Gobierno
El esquema salarial vuelve a instalar el debate sobre qué sectores prioriza el Gobierno nacional en la distribución de los recursos públicos.
Mientras la administración de Milei sostiene su política de reducción del gasto y busca mantener el equilibrio fiscal, los aumentos diferenciados para las fuerzas uniformadas contrastan con las recomposiciones otorgadas a otros empleados estatales y con el conflicto abierto por el presupuesto universitario.
La discusión tendrá un nuevo capítulo durante los próximos meses, cuando se conozca la evolución de los salarios públicos frente a la inflación y avance el debate por el financiamiento de las universidades nacionales.
En ese escenario, el Gobierno deberá afrontar el desafío de sostener su política de austeridad fiscal mientras crecen los reclamos de distintos sectores estatales por una recuperación de sus ingresos.
