Finalmente, el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Economía, decidió intervenir Edesur y designó para esa tarea al actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. 

El conflicto con la empresa italiana viene de larga data y se profundizó en los últimos días con la ola de calor y los cortes de luz que se provocaron y que sufrieron usuarios, donde en algunos casos fueron durante más de 10 días, lo que provocó denuncias penales por varios municipios de la provincia de Buenos Aires y la propia CABA hacia Edesur.

Por su parte, el ENRE había presentado una denuncia ante la Justicia en la que acusó a Edesur de los delitos de malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas, debido a los repetidos cortes al suministro eléctrico que tuvieron lugar durante el verano.

La intervención será por un plazo de 180 días y el Poder Ejecutivo no tomará control operativo de la compañía pero tendrá poder de monitoreo de su plan de inversiones y de la prestación de servicio.

“Desde que anunció su salida del país se profundizó el deterioro del servicio”, fundamentaron desde el Economía y aseguraron que “la falta de aumentos de tarifas no es una excusa, porque ya se habilitaron incrementos”.

Edesur tiene a su cargo la distribución de energía para más de 2 millones de hogares del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Su zona de concesión alcanza una superficie de 3.300 km2, que abarca el centro y sur de la Ciudad de Buenos Aires y todo el sur del conurbano. Su red eléctrica tiene una extensión de 32.500 kilómetros y representa, según la propia empresa, el 20% de la energía del país.

La empresa surgida del proceso de privatización del servicio eléctrico iniciado en 1992, es propiedad del ENEL desde 2008. La compañía, controlada por el estado italiano, anunció en noviembre pasado que planeaba vender activos en varios países para reducir su deuda y completar un proceso de transición hacia energías más limpias.

“En una serie de decisiones que la administración nacional llevó adelante en las últimas semanas para verificar la capacidad y la disponibilidad técnica de la empresa en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones como prestataria del servicio de distribución eléctrica en áreas de la región metropolitana de Buenos Aires”, detallaron desde el palacio de Hacienda.

Según explicaron, la intervención “tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio”.

“El interventor deberá elevar al ENRE informes sucesivos y parciales cada diez días (plazo máximo) y confeccionar un informe final a ser presentado a la finalización de su función. La Secretaría de Energía como concedente va a proceder a informar a la Bolsa los cumplimientos y los incumplimientos detectados en Edesur, entendiendo que se trata de una compañía que cotiza en el ámbito internacional”, informó la Secretaría de Energía.