Por Camila Vallendor

En nuestro país, anualmente, cerca de 3.000 niñas y adolescentes menores de 15 años se convierten en madres, según un informe del Ministerio de Salud de la Nación. Cada tres horas, se produce un parto de estas características, enmarcado en una multiplicidad de violaciones y carencias en torno a los derechos humanos.

Socorristas en Red es una articulación de colectivas feministas que brinda información y acompaña procesos de aborto en todo el país. En agosto, en el marco del mes de las niñeces, relanzó su campaña “En un mundo justo las niñas no son madres”, que busca visibilizar la vulneración de derechos en la infancia e interpela respecto al entramado de las redes de cuidado.

Su declaración deja en claro que cuidar es un acto político y un derecho de todas, todos y todes. Fortalecer un tejido que abrigue las infancias, es una responsabilidad de toda la sociedad. Así como abandonar la creencia de que el cuidado pertenece a la esfera de lo privado. Porque una vida libre de violencias es un derecho que debe ser garantizado colectivamente.

“Las queremos vivas de risa, vivas jugando. Las queremos niñas, no madres. Necesitamos extender y dar alojo a los tiempos de la infancia”, escriben.

La gestación y el parto en menores de 15 años, no solo aumentan el riesgo de complicaciones y muerte materna y neonatal, sino que también existen consecuencias a corto y largo plazo que afectan el derecho a una infancia sana.

Estas maternidades nos hablan en gran medida de niñas que son víctimas de violencia, muchas veces ejercida por integrantes de su entorno cercano. El Código Penal considera que antes de los 13 años, no se está en condiciones de prestar consentimiento sexual válido.

Ante un embarazo, se ven directamente afectadas las relaciones sociales, el proyecto de vida, la continuidad educativa y las perspectivas de inserción laboral de la niña o adolescente. Cuando es producto de una violación, la obligación de llevar adelante una gestación perpetúa la violencia sexual.

La interrupción legal del embarazo (ILE) en Argentina incluye dos causales: violación y riesgo para la salud, entendiendo la salud de manera integral, también en la dimensión psíquica y social. En las niñas y adolescentes, dada la evidencia de las consecuencias físicas y emocionales que conlleva el embarazo, el acceso a la ILE está contemplado en todos los casos. Además, si el embarazo es producto de una relación sexual no consentida, se puede enmarcar en causal violación.

Dicho así, ¿alguien podría oponerse a garantizarle a una niña un aborto no punible? Sí.

Hace poco se conoció la historia del embarazo de una niña brasilera de diez años, violada por su tío durante años. Como si esto fuera poco, en el trayecto hacia la interrupción legal del embarazo, fue revictimizada e insultada por grupos anti-derechos, arengados por la propia ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, la pastora evangélica Damares Alves. Incluso trabajadores de la salud dentro de la misma institución a la que fue trasladada, la presionaron para hacerla cambiar de opinión.

No hace falta irse tan lejos para encontrarse con obstaculizadores de este derecho de las niñas y adolescentes. En el último tiempo, trascendió la historia de María. La niña de 12 años de Santiago del Estero cursa un embarazo producto de una violación. Este es un caso testigo que muestra la falta de implementación del protocolo ILE y la manipulación de información por parte de profesionales de la salud. Su gestación avanzó tanto que ya no se encuentra en condiciones de ser interrumpida. Las creencias personales de los profesionales se imponen así sobre la garantía de
derechos, incluso a conciencia de que se empuja a las niñas al circuito de abortos inseguros.

Retratando una realidad aún más cercana, el documental Niña Mamá nos enfrenta con relatos de niñas y adolescentes que transitan embarazos, abortos o maternidades en hospitales públicos del conurbano bonaerense. En la película se pone de manifiesto cómo, más allá de que pueda haber en el sistema de salud voluntades garantistas, en la sociedad en general abundan los discursos culpabilizadores. Como si las maternidades de niñas y adolescentes no fuesen parte de un contexto mucho más amplio donde existen múltiples violencias y vulneraciones.

Es entonces, una responsabilidad de todxs transformar la manera de nombrar esas experiencias, devolverles a las niñas y adolescentes su lugar de sujetas de derecho. Devolverles la posibilidad de elegir cómo proyectar su futuro. Politizar el cuidado, abrazar esas niñeces, garantizar que la infancia transcurra en el mundo justo en el que merecen vivir.

Fotos: Verónica Orejas