Los primeros documentos que recibió el ente regulador del gas (Enargas) y que analiza junto a la secretaría de Energía comn vistas a la audiencia pública del 8 de enero, dan cuenta de una solicitud de aumentos de tarifas de las distribuidoras y transportistas de gas del 375 por ciento al 700, en concepto de «compensación» por el congelamiento de tarifas de los últimos años. La pretensión, dicho sea de paso, aplicar las nuevas tarifas resultantes del «sinceramiento» a partir del mes de febrero de 2024. Es decir, dentro de 35 días.

Es el paso previo a la audiencia. Las empresas elevan sus propias estimaciones acerca del ajuste o «recomposición» que reclaman para adecuar las tarifas a la prestación del servicio, mantenimiento y realización de obras necesarias.

Las pretensiones difieren según la región que atiende cada una, lo cual podría explicar en parte las diferencias de reclamo. En lo que no hubo diferencias es que, en todos los casos, se solicitó que, a partir de la recomposición de las tarifas ahora reclamada, se establezca un mecanismo de actualización permanente en base al índice de precios mayoristas.

No casualmente, varias empresas tomaron como base de cálculo para llegar a la nueva tarifa a la que aspiran el precio vigente a mediados de 2018, cuando Mauricio Macri les otorgó una «recomposición» que significó un aumento de hasta el 3000 por ciento, que derivó en reclamos judiciales que le dieron la razón a los usuarios pero que, en la práctica, no evitaron los aumentos.

Según la firma Metrogas, por tomar el caso más representativo entre las distribuidoras, por monto de facturación y cantidad de clientes atendidos, su criterio es que, tomando el índice de precios de febrero de 2018 hasta noviembre de 2023, sumándole el incremento de costos de diciembre de 2023 según el REM del Banco Central, y descontando los aumentos otorgados de tarifas en dicho período (el último fue a principios de este año), «el cálculo del ajuste representa un aumento punta a punta del 376,52%”.

Lo notable es que esa medición se hace sin tomar en cuenta las variaciones de costos propios, los subsidios indirectos recibidos por la empresa ni las variaciones en el número de clientes. Es un cálculo realizado en base a datos ajenos a la propia empresa, simplemente para calcular un valor índice de actualización. Y reclamar el resultado.

Bajo estas condiciones, los usuarios de Metrogas se verían obligados a pagar, a partir de febrero, en concepto de «costo fijo» (el valor que abonan así no consuman un solo metro cúbico del mes, es decir,como si se mantuvieran todo el período con la llave de paso del gas cerrada), un valor superior a los 4330 pesos, cualquiera fuera su categoría en la segmentación y cualquiera fuera su lugar de residencia en el área de Metrogas: en Capital Federal o en provincia de Buenos Aires.

Según la información publicada por el portal Infobae, en el caso de Metrogas el incremento de la tarifa resultante de su solicitud  rondaría el 437 por ciento. Dado que: los cargos fijos incluidos en la factura pasarían de tener un rango de entre $847 (menor consumo) y $3.869 (mayor consumo) para los todos los niveles de segmentación, a un arco que va desde los $4.555 a $20.809.

De todos modos, Metrogas no es de las empresas distribuidoras que reclamaron más porcentaje de aumento. Naturgy, la firma que atiende zona norte de provincia de Buenos Aires (originalmente, en los primeros años de la privatización, Gas Natural BAN) solicitó una actualización del orden del 400 por ciento. Camuzzi Gas Pampeana, que abarca una zona del interior bonaerense en el sudoeste y la provincia de La Pampa, reclamó mun ajuste del 421 por ciento en su tarifa.

Camuzzi Gas del Sur (provincias patagpónicas) reclamó un 543 por ciento, mientras que Ecogas (La Rioja, Catamarca y Córdoba) tuvo una pretensión más moderada, del 126 por ciento. Gasnor, en tanto (provincia del norte del país) estimó un atraso en sus tarifas que oscila entre el 430 y el 700 por ciento.

Las dos empresas concesionarias del sistema de transporte de gas, también presentaron su estimación de retraso tarifario, y con números todavía más shockeantes que el de muchas de las distribuidoras: TGS pidió un 567 por ciento y TGN unos puntos más, 573 por ciento.

La Audiencia Pública del 8 de enero escuchará a las partes, por lo cual las asociaciones de consumidores se preparan para una intervención activa. El gobierno espera qaue se cumpla ese paso, dispuesto a  avanzar con sus resoluciones, para lo cual lo que se diga en la audiencia «no es vinculante». El objetivo explicitado es reducir rápidamente los subsidios a la tarifa, lo cual significa que el grueso del ajuste recaerá en cabeza de los usuarios. Lo que falta ver es en qué medida el gobierno da por buena la demanda de las empresas.