A menos de dos meses del cambio de autoridades, el sector energético argentino se encuentra sumido en un conflicto entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, referente al financiamiento del proyecto AMBA I, destinado a mejorar las redes eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El proyecto, que comprende obras valuadas en 1.100 millones de dólares, ha sido objeto de desacuerdos sobre la forma de financiación. Tettamanti propuso un «cargo fijo» anticipado, que implicaría un incremento en las facturas de electricidad de entre el 1% y el 3% para todos los usuarios del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por Caputo, quien ha instado a explorar alternativas que no impliquen nuevos recargos tarifarios.

El proyecto AMBA I incluye la construcción de la Estación Transformadora Plomer, la ampliación de estaciones existentes y la instalación de 500 kilómetros de líneas de alta tensión. Estas obras buscan asegurar el suministro eléctrico en áreas densamente pobladas del norte y oeste del Gran Buenos Aires, limitando los riesgos en las subestaciones de Ezeiza y General Rodríguez, que operan al límite de su capacidad.

Pese a ser considerado “prioritario y urgente” por analistas y empresarios del sector, el proyecto ha estado congelado. Durante la administración de Mauricio Macri, la iniciativa se vio suspendida por la crisis económica de 2018, y aunque el gobierno de Alberto Fernández reactivó las negociaciones con la empresa china CET, las internas políticas continúan obstaculizando el progreso.

A partir de la llegada de Javier Milei a la presidencia, el proyecto volvió a quedar rezagado hasta que Transener, controlada por Pampa Energía y Enarsa, propuso incluirlo en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que debería implementarse en 2025. Tras descartar esta opción, Tettamanti desarrolló un esquema de recargo tarifario que, finalmente, fue vetado por Caputo.

Ahora, una de las alternativas que se evalúan es convocar a una licitación para que un oferente privado ejecute las obras y gestione la nueva red de manera independiente. No obstante, la reciente decisión de Caputo pone en jaque esta posibilidad, sumando más incertidumbre al futuro del proyecto AMBA I.