La semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta arribó a la sede del Sindicato de Sanidad para encontrarse con integrantes de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), como Héctor Daer y Carlos Acuña. Allí, el propósito era acercarle al Jefe de Gobierno porteño un reclamo que tenía que ver con su función en CABA, pero terminaron hablando de otras cosas.

Por el lado de Larreta participaron el economista Hernán Lacunza y el subsecretario de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Jarvis. Por parte de la CGT estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (Seguros).

La reunión fue pedida por los dirigentes de la CGT, luego de que el gobierno de Larreta reclamara una deuda de mas de 600 millones de pesos por atención a sindicalistas afiliados a obras sociales en el trascurso de la pandemia.

Sin embargo, lejos de explayarse en ese tema, comenzaron a hablar de las propuestas del jefe de gobierno para implementar a nivel nacional en caso de que llegara a ser Presidente de la Republica. Así, Larreta le explico a la cúpula que en caso de llegar a la Rosada, quiere implementar una reforma laboral basada en la negociación de convenios colectivos entre empresarios y representantes sindicales.

Larreta les abría asegurado a los sindicalistas que iban a ser políticas conciliadoras con su espacio, que ‘no va a romper el sistema’, que propone «llegar a acuerdos con la CGT». Adentrándose en este tema, el jefe de gobierno les prometió que no se modificará la prórroga automática de la vigencia de los convenios colectivos, pero sí se impulsarán acuerdos sectoriales entre sindicatos y cámaras empresariales para actualizar sus contenidos.

En continuidad con sus planes presidenciales, y con el apoyo de su equipo económico en la reunión, Larreta también pudo explayarse acerca de su objetivo de convertir los planes sociales en una forma de fomentar el empleo. Ante estas propuestas, y el engatusamiento del Jefe de Gobierno, los sindicalistas habrían escuchado atentamente y amenamente sus propuestas. 

Sobre la deuda de las obras sociales con el ente de Facturación y Cobranza de Efectores Públicos, que era el tema original de la reunión, resolvieron volver a encontrarse para llegar a un acuerdo. La idea que mejor suena para solucionar el problema, es que los 600 millones de pesos que deben las obras sociales sean perdonados o reducidos, por los hoteles que los sindicatos pusieron a disposición del gobierno porteño para alojar a quienes tenían que cumplir la cuarentena por el Covid-19.