Tras un cuarto de siglo de discusiones, la Unión Europea destrabó este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur, un paso clave hacia la conformación de la mayor zona de libre comercio del planeta. La definición surgió de una reunión de embajadores en Bruselas, donde los 27 países del bloque alcanzaron una mayoría cualificada, pese al rechazo explícito de Francia, Polonia e Irlanda.

Con ese respaldo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedó habilitada para viajar a Paraguay y firmar el entendimiento el lunes, durante un encuentro con los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. La rúbrica, sin embargo, no implicó una entrada en vigencia automática.

Del lado europeo, el acuerdo requirió ahora la aprobación del Parlamento Europeo. El escenario allí se mostró abierto. Cerca de 150 eurodiputados, sobre un total de 720, anticiparon una posible ofensiva judicial para frenar su aplicación.

La Comisión Europea inició las conversaciones en 1999 con el objetivo de integrar ambos mercados. El texto previó la eliminación de aranceles en más del 90% del comercio bilateral y la creación de un espacio económico con más de 700 millones de consumidores. A cambio del acceso de productos agroindustriales sudamericanos, Europa apuntó a ampliar sus exportaciones de autos, maquinaria, vinos, quesos y bienes industriales.

El punto más conflictivo giró en torno al agro. Productores europeos advirtieron sobre el impacto de una mayor entrada de carne, arroz, miel y soja, con costos más bajos y normas productivas distintas. Francia encabezó ese frente crítico y sostuvo que el mercado interno podía sufrir un fuerte desequilibrio.

España y Alemania defendieron el pacto. Argumentaron que el acuerdo ofreció una salida estratégica frente al avance comercial de China y a la política arancelaria de Estados Unidos. Italia, que en diciembre bloqueó el consenso junto a París, modificó su postura y esta semana destacó los “enormes beneficios” del entendimiento.

Desde el Mercosur, la presión política aumentó en los últimos meses. En la cumbre de diciembre, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva reclamó “coraje” y “voluntad política” para cerrar el acuerdo y no perder la oportunidad.

Concesiones para desactivar el conflicto rural

Ante la resistencia del sector agropecuario, la Comisión Europea incorporó cláusulas específicas para contener el impacto interno. “Las prioridades agrícolas han estado en el núcleo” de las negociaciones, afirmó el portavoz Olof Gill, quien agregó: “hemos negociado como locos”.

Entre las medidas, Bruselas fijó cupos a las importaciones de carne, arroz, aves, miel, huevos y etanol sin arancel. También definió mecanismos de intervención si se registró una alteración del mercado. En diciembre, la Comisión estableció que abriría una investigación si un producto del Mercosur ingresó con un precio al menos 8% menor al europeo y si el volumen importado superó ese mismo umbral.

El Ejecutivo comunitario asumió además el compromiso de endurecer la normativa sobre residuos de pesticidas en productos importados, un reclamo histórico de los productores, que denunciaron una “competencia desleal”. Esta semana, la Unión Europea prohibió de forma total el uso de tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, en especial en cítricos y frutas tropicales.

Francia profundizó su propia respuesta. Con protestas rurales activas en los accesos a París, el Gobierno dispuso el bloqueo temporal de alimentos tratados con sustancias vetadas en la UE. Aguacates, mangos, guayabas, cítricos y papas quedaron fuera del mercado francés si contenían cinco fungicidas y herbicidas prohibidos.

Mientras avanzó el proceso institucional, el acuerdo UE-Mercosur entró en su etapa más sensible, con una definición política que combinó intereses estratégicos, presión social y una disputa abierta por el modelo productivo.