El último jueves el Tribunal de Ética de la Unión Cívica Radical decidió expulsar del partido a tres de los cuatro diputados nacionales que cambiaron su voto en debates claves como el financiamiento universitario y la reforma jubilatoria a favor del veto presidencial. Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat permanecerán dentro del bloque hasta que se reúna la convención nacional y se ratifique  la expulsión definitiva del partido de estos dirigentes

El tribunal de ética consideró que con esta actitud los legisladores vulneraron el artículo 53 de la carta orgánica del partido. “La conducta observada, el contexto en que se desarrolló y la enorme repercusión mediática (que adquirió) no dejan lugar a dudas que se trató de un proceder que lesiona la dignidad del partido”, sostienen los firmantes. La misma llevó las firmas de Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi y el voto en minoría de Ricardo Barrios Arrechea.

Tras la decisión del Tribunal, la Convención Nacional, presidida por Facundo Manes deberá convocarse para votar por la ratificación de la expulsión de los diputados del partido y del bloque en la Cámara Baja. Para esto se necesitan dos tercios de los votos para la validación y  los acusados podrán ejercer su derecho a defensa en el congreso.

A pesar de que esta primera decisión ya fue comunicada, existen voces que disidentes a la expulsión, entre ellos el mendocino Alfredo Cornejo: «La decisión de expulsar de la UCR a Mariano Campero, Luis Picat y Martín Arjol no solo es una decisión completamente equivocada, sino que además demuestra que la conducción partidaria, que promovió esta idea, piensa en un partido chico, alejado de la histórica tolerancia democrática de la UCR, de nuestros simpatizantes en todo el país, de nuestros principios y nos aleja de nuestro electorado.».

Quienes reprochan la expulsión sostienen que los diputados acusados, que tienen una presencia importante en sus respectivos distritos, sería contraproducente para la estrategia electoral de partido con vistas al año próximo.

Por lo pronto, las afiliaciones de los cuatro legisladores fueron suspendidas preventivamente tras el escándalo que se desató en la Cámara de Diputados cuando, de manera imprevista, se desmarcaron de su bloque para acompañar al Gobierno.