
A pedido de Sergio Massa, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) realizó un informe en torno a las operaciones de venta y canje de títulos públicos que involucra a un conjunto de organismos del sector público nacional y fue positivo.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un informe favorable a la consulta realizada por el ministro de Economía de la Nación por las operaciones de ventas y canjes de títulos públicos.
La contestación oficial de la UBA que ingresó en las últimas horas con la firma de los magíster en Economía, Daniel Melió y Julián Leone, comienza diciendo que es una «respuesta al pedido solicitado por el Ministerio de Economía de la Nación a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA».
La universidad había negado ayer que los profesores a cargo del dictamen hayan cambiado y sobre los mencionados en comentarios periodísticos aclaró que Andrés Lopez, consejero directivo, trabaja en temas totalmente distintos al eje de este informe; Sebastián Katz se ve impedido de emitir opinión desde la UBA por su cargo en el Banco Central como gerente de Investigaciones Económicas, y Javier Curcio no tiene pericia en la valuación de activos financieros.
El detallado informe concluye que, tanto la venta como el canje de títulos públicos, «no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados«. También agrega que ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización.
Las respuestas plasmadas en el informe centran su análisis en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dado que este representa la mayor parte de las tenencias involucradas en las operaciones de venta y/o canje.
El informe señaló que «A raíz del debate público en relación con este tópico, resulta importante destacar que habiendo transcurrido más de 15 años desde su conformación, el FGS nunca fue utilizado para solventar las insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público ni para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)».
El FGS constituye un stock que no debe confundirse con el flujo correspondiente al pago periódico de haberes que realiza ANSeS y por ello las operaciones analizadas no se corresponden con ningún impacto directo en los haberes a percibir por los beneficiarios del organismo previsional.
En particular, sobre la pregunta por la operación de venta de los bonares y posterior suscripción del bono dual 2036 aseguraron que implicaría una revalorización patrimonial del 45,99%.
La otra consulta oficial realizada está vinculada al Anexo II del DNU 164/2023, que «comprende los títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación extranjera: GD29, GD30, GD35, GD38, y GD41″.
En segundo lugar, plantearon que «el canje de los bonos globales implicaría una ganancia contable promedio del 104,4% y una revalorización del 23,4% en base a los valores de suscripción, a los precios vigentes al 27 de marzo de 2023″.
“La valorización favorable de la cartera en términos de valor técnico se logra a costa de una extensión de la vida media de la cartera de los organismos involucrados, por lo que subas de la tasa de interés local o internacional podrían afectar negativamente su rendimiento. Adicionalmente, la operatoria de desprendimiento de los títulos incluidos convalida reducidas paridades en el mercado actual. Queda fuera del presente informe evaluar si la premura por realizar la operatoria, hubiese tenido similares márgenes de ganancia contable en escenarios financieros más estables”, señalaron.
El dictamen finaliza diciendo que «en consecuencia, la operatoria de canje en proceso de análisis implicaría, con independencia de la valuación resultante, de efecto neutro para el sector público consolidado, dentro del cual la ANSeS se encuentra incluida».
Para terminar, hicieron hincapié en que, más allá de las preguntas formuladas por el ministro de Economía, atendiendo a los principios de objetividad, rigurosidad e independencia de la FCE-UBA, sería necesario un análisis macroeconómico integral que excede el informe técnico para evaluar las consecuencias agregadas de la operación de canje.