Con la inflación en un piso elevadísimo (3,6% arrojó el índice de febrero), se encienden las alarmas en relación a las metas para este año planteadas por el ministro Martín Guzmán, en torno al 29%.

Como es habitual, los precios de los alimentos aumentaron por encima de la inflación promedio, y la inflación núcleo (que no mide precios congelados) se ubicó en el 4,1%.

En ese contexto, la pregunta que surge es por qué no se aplica la Ley de Góndolas, la cual fue aprobada a fines del año pasado y todavía no entra en vigencia, o al menos su aplicación deja mucho que desear. Al igual que la inflación núcleo, los alimentos subieron entorno al 4,1%.    

La Ley de Góndolas, tiene como objetivo brindar una mayor oferta en las grandes cadenas de supermercados y posibilitar un trato equitativo con las PyMEs, cooperativas y emprendimientos de la agricultura familiar.

La norma establece que los comercios alcanzados deberán ofrecer al menos 5 productos de distintos grupos económicos por categoría; que la exhibición de los productos de un mismo grupo económico no debe superar el 30% de la superficie en su categoría; que se destine al menos un 25% del espacio de exhibición para productos de pequeñas y medianas empresas; y que como mínimo un 5% del espacio de las góndolas sea para productos de empresas de agricultura familiar, campesina, indígena y de la economía popular.

La aplicación de la norma depende directamente de la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español.

Más allá de las buenas intenciones de la norma, se ve cierto desabastecimiento en los supermercados, lo que dificulta que se cumplan los requisitos.

Al mismo tiempo, buena parte del consumo de los sectores populares (sobre en un contexto de pandemia) se da en los almacenes de barrio, o comercios de proximidad en los que cuáles sería imposible aplicar la norma.