La salida de Manuel Adorni no alcanzó para destrabar uno de los principales objetivos políticos del Gobierno: la reforma electoral que Javier Milei considera clave para el escenario de 2027. Sin acuerdos dentro del oficialismo ni entre los bloques aliados, la iniciativa quedó empantanada y su definición podría postergarse hasta el próximo año.

El principal punto de conflicto sigue siendo el futuro de las PASO. Tanto el PRO como la UCR rechazaron la intención oficial de eliminarlas, al considerar que eso los dejaría sujetos a las decisiones de Karina Milei en una eventual alianza con La Libertad Avanza. Como alternativa, proponen que las internas partidarias sean voluntarias y continúen bajo la organización del Poder Ejecutivo.

Los partidos provinciales, por su parte, tampoco impulsan las PASO, aunque reclaman que la BOLETA ÚNICA DE PAPEL mantenga el mismo formato utilizado en la elección anterior y no incorpore un casillero para votar lista completa. Su propuesta consiste en suspender las primarias y dejar el resto del sistema sin modificaciones, aunque esa postura todavía no encontró respaldo.

Mientras la atención pública seguía concentrada en la situación de Adorni, el oficialismo comenzó a explorar alternativas con los sectores dialoguistas. En ese contexto, Patricia Bullrich trabajó junto a algunos gobernadores radicales en un esquema de adhesiones legislativas, similar al mecanismo de las antiguas colectoras.

La presidenta del bloque de LA LIBERTAD AVANZA en el Senado llevó esa propuesta a la mesa política que funciona en la Casa Rosada, donde inicialmente recibió luz verde para avanzar en los detalles técnicos. Sin embargo, tras la salida de Adorni, las diferencias internas volvieron a profundizarse y las conversaciones perdieron impulso. Como consecuencia, el cronograma para modificar las reglas electorales comenzó a correr contra los plazos legales.

Javier Milei todavía no logró unificar posiciones

Dentro del oficialismo hubo quienes señalaron al gobernador mendocino Alfredo Cornejo como uno de los responsables del freno en las negociaciones.

Según dirigentes cercanos a Karina Milei, el mandatario radical comenzó a analizar distintas alternativas electorales para impedir que el diputado libertario Luis Petri, su excompañero de partido, se convierta en su sucesor.

En ese marco, Cornejo abrió conversaciones con Patricia Bullrich, además de dialogar con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco) y Juan Manuel Valdés (Corrientes). La propuesta incluía el respaldo de los diez senadores radicales para iniciar el debate parlamentario.

Sin embargo, rápidamente aparecieron diferencias dentro del propio bloque radical. Los senadores Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que no responden a gobernadores provinciales, rechazaron el entendimiento.

Una situación similar se produjo en Santa Fe, donde Carolina Losada y Eduardo Gallaretto defendieron la continuidad de las primarias provinciales, aun cuando el gobernador Maximiliano Pullaro mantiene conversaciones políticas con Milei. En ese contexto también comenzó a mencionarse la eventual reelección de Losada, mientras su proyecto para endurecer las penas por falsas denuncias quedó previsto para agosto.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete también modificó el escenario. El funcionario comenzó a escuchar cuestionamientos al sistema de adhesiones electorales desde el PRO y los partidos provinciales, donde advirtieron que las listas complementarias podrían no traducirse en una transferencia efectiva de votos.

Además, dentro del Gobierno surgió otra preocupación: que el peronismo utilice ese mecanismo para resolver su interna si finalmente Axel Kicillof termina siendo el candidato presidencial de consenso. Ese esquema permitiría que distintos gobernadores acompañen la candidatura nacional sin resignar sus propios armados territoriales.

Patricia Bullrich volvió a modificar la negociación

Con ese panorama, las conversaciones quedaron prácticamente paralizadas.

Los partidos provinciales comenzaron a impulsar una salida más sencilla: repetir el esquema aplicado en 2025, suspendiendo las PASO y dejando la discusión de fondo para más adelante.

El senador Carlos Espínola, del bloque Provincias Unidas, trasladó esa postura durante conversaciones informales en el Senado. También tomó nota de que Pullaro estaría dispuesto a acompañar un entendimiento con Milei si logra consolidar acuerdos tanto a nivel provincial como nacional.

Los espacios provinciales que hoy colaboran con el oficialismo —entre ellos los de Salta, Misiones y Neuquén— tampoco pondrían reparos a esa alternativa.

En paralelo, Cornejo endureció públicamente su posición y anunció que no respaldaría la eliminación de las PASO, aunque evitó pronunciarse sobre el mecanismo de adhesiones. Desde entonces, las negociaciones permanecen congeladas.

Las diferencias también reaparecieron dentro del oficialismo. Molesta por los cambios introducidos sobre una negociación que ella misma encabezaba, Patricia Bullrich volvió a cuestionar el rumbo de las conversaciones.

Durante una reunión de la mesa política sostuvo que no existían los votos necesarios para avanzar con la reforma y, posteriormente, declaró ante la prensa que las adhesiones «deforman» el sistema electoral. La postura sorprendió porque era el mismo mecanismo que había impulsado semanas antes.

Tampoco respaldó públicamente la suspensión de las PASO, pese a que esa alternativa aparece como la opción con mayores posibilidades de reunir consensos.

Una sola elección, el objetivo central

Para Javier Milei, cualquier fórmula que elimine las primarias del calendario representa un avance.

En el Gobierno proyectan un escenario económico favorable durante los próximos 18 meses y consideran que llegar a octubre de 2027 sin una elección previa fortalecería las posibilidades de reelección presidencial.

Con ese objetivo, Karina Milei ya transmitió a los referentes libertarios de las provincias que deberán moderar sus aspiraciones de disputar gobernaciones aliadas.

En ese esquema, Diego Santilli y Adrián Ravier aparecen entre los pocos funcionarios habilitados para competir en elecciones locales. El jefe de Gabinete podría hacerlo en la Provincia de Buenos Aires, mientras que el vocero económico tendría luz verde para presentarse en La Pampa.

En paralelo, Martín Menem y Lule Menem comenzaron a diseñar un esquema de acuerdos con gobernadores radicales y fuerzas provinciales. La lógica consiste en facilitar la continuidad de esos mandatarios o de sus sucesores a cambio de acompañar un cronograma electoral favorable para la reelección presidencial.

Las definiciones comenzarán a acelerarse cuando cada provincia anuncie su calendario electoral y La Libertad Avanza determine quiénes competirán en cada distrito.

De hecho, durante una reunión partidaria, Martín Menem cuestionó al dirigente santacruceño Jairo Guzmán por sus críticas al gobernador Claudio Vidal, reflejando la intención del oficialismo de evitar conflictos con mandatarios considerados estratégicos.

Una definición que podría demorarse

Con este panorama, la reforma electoral recién volvería a discutirse después del receso legislativo.

El oficialismo apuesta a retomar el debate en agosto para intentar alcanzar consensos durante septiembre. Si eso no ocurre, Diego Santilli buscaría una nueva negociación hacia noviembre y, de persistir el desacuerdo, la definición quedaría para febrero.

En ese escenario, la suspensión de las PASO aparece como la alternativa con mayores posibilidades.

Sin embargo, el panorama tampoco resulta sencillo. Sergio Massa ya avisó que esta vez sus diputados no acompañarán una iniciativa de ese tipo, argumentando que, sin internas abiertas, será necesario establecer un nuevo mecanismo legal para definir candidaturas.

Los gobernadores peronistas tampoco fijaron una postura común. Antes de discutir el sistema electoral, el PJ intenta resolver su propia estrategia para las presidenciales.

Mientras el kirchnerismo sigue sin aceptar plenamente una candidatura de Axel Kicillof, Sergio Massa mantiene expectativas de volver a competir y dirigentes como Jorge Capitanich y Sergio Uñac buscan conservar protagonismo dentro del espacio.

El Presupuesto y la amenaza del «shutdown»

Con aliados dispersos y una oposición sin coordinación, Milei también concentra sus esfuerzos en el Presupuesto 2027, que enviará al Congreso el 15 de septiembre.

El Presidente advirtió que, si el proyecto no es aprobado en los términos planteados por el Ejecutivo, podría avanzar con un esquema similar al «shutdown» estadounidense y paralizar áreas del Estado.

Desde la oposición relativizaron esa advertencia e incluso algunos dirigentes consideraron que podría abrir el debate sobre límites a la discrecionalidad presupuestaria del Poder Ejecutivo.

El Senado, antes del receso

Antes del receso legislativo, el Senado todavía tiene previsto sesionar.

Entre los proyectos figura la denominada ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger, además de la iniciativa sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros ya fue modificado en numerosas oportunidades.

También llegarán al recinto distintos pliegos judiciales, entre ellos el del juez laboral Víctor Pesino, que busca continuar cinco años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tras cumplir 75 años.

Su permanencia es impulsada por Milei, mientras el magistrado presentó un amparo para evitar ser desplazado hasta que el Senado resuelva su situación.

La sesión incluirá además el tratamiento de ascensos diplomáticos demorados desde hace meses por diferencias con sectores de la UCR.

Por otra parte, el próximo martes la comisión bicameral de control de los organismos de inteligencia, presidida por Sebastián Pareja, analizará el Plan de Acción presentado por el titular del organismo, Cristian Auguadra, dirigente cercano a Santiago Caputo, en un nuevo capítulo de las tensiones internas dentro del oficialismo.