La discusión por la reforma laboral del Gobierno nacional abrió un nuevo frente de tensión con las provincias. Mientras la Casa Rosada retomó contactos con gobernadores y legisladores para sumar respaldos, distintos distritos pusieron el foco en el capítulo tributario del proyecto. El eje del conflicto se concentró en el impuesto a las Ganancias y en su efecto directo sobre la coparticipación federal.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advirtió que los cambios incluidos en la iniciativa generaron un costo fiscal anual equivalente al 0,22% del PBI. En valores actuales, esa cifra alcanzó los 1,9 billones de pesos. Del total, $1,12 billones correspondieron a pérdidas para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el resto impactó sobre las cuentas nacionales.

El estudio analizó la reducción de alícuotas para sociedades de mayor facturación, la exención del pago de Ganancias para el alquiler de viviendas y otras modificaciones impositivas. Según el informe, el efecto pleno de la medida se reflejó a partir de 2027, cuando los contribuyentes presentaron las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026. Ese cronograma ubicó el impacto de lleno en un año electoral.

Las proyecciones marcaron diferencias entre distritos. La provincia de Buenos Aires apareció como la más perjudicada, con una caída estimada de $238.558 millones en recursos. Le siguieron Santa Fe, con $97.087 millones, y Córdoba, con $96.459 millones. En el gobierno cordobés confirmaron el análisis del impacto y señalaron que “Nos pega en la coparticipación”.

Otras provincias también registraron mermas significativas. Chaco, Entre Ríos y Tucumán enfrentaron pérdidas anuales de entre 51 y 55 mil millones de pesos. Desde esos distritos, la preocupación se sumó a un escenario de menor actividad económica y mayores demandas sociales, con ingresos provinciales en retroceso.

El debate escaló al plano político. Legisladores opositores sostuvieron que el proyecto laboral escondió una modificación profunda del esquema tributario. El senador Jorge Capitanich calificó la iniciativa como una «reforma tributaria encubierta» y sostuvo que la rebaja de alícuotas benefició a un grupo reducido de empresas. Según su estimación, el costo total de la reforma alcanzó los 2.179 millones de dólares.

El proyecto también incluyó la eliminación de impuestos internos sobre bienes suntuarios, como vehículos de alta gama, embarcaciones, aeronaves y otros rubros que integraron la masa coparticipable desde 1996. Distintos cálculos ubicaron el impacto fiscal anual de esa decisión entre 334 y 548 millones de dólares, recursos que hasta ahora financiaron a las provincias.

Desde el oficialismo reconocieron la complejidad de las negociaciones. El Ministerio del Interior avanzó con una ronda de contactos para asegurar apoyos, mientras los gobernadores reclamaron cambios en el articulado. El principal punto de disputa pasó por la distribución del costo fiscal y por el destino de los recursos que dejaron de percibir las provincias.

El informe del IARAF también incluyó una mirada de largo plazo alineada con el discurso del Gobierno. Señaló que “la baja de la alícuota de ganancias va a mejorar la rentabilidad del capital propio invertido, lo que debería hacer más atractivos determinados proyectos de inversión” y que “de esa manera, un mayor flujo de inversiones y el aumento de las ganancias imponibles podría más que compensar el costo fiscal inicial”. Sin embargo, aclaró que ese efecto requirió un plazo mayor al previsto por las provincias.

Con el proyecto listo para su tratamiento legislativo, el conflicto fiscal quedó instalado. Tal como se presentó, la reforma laboral expuso un choque directo entre el objetivo oficial de aliviar la carga impositiva sobre las empresas y la necesidad de las provincias de sostener sus ingresos. El desenlace de esa pulseada definió el clima político de las semanas siguientes.