El Gobierno busca avanzar con una reforma laboral que amplía la jornada, flexibiliza las condiciones de contratación y eleva la edad jubilatoria, mientras la CGT advierte que se trata
Impulsado por su triunfo electoral, Javier Milei avanza con una nueva etapa de reformas estructurales que promete redefinir las reglas del trabajo en la Argentina. La Casa Rosada prepara el envío al Congreso de un proyecto que busca flexibilizar las condiciones laborales, extender la edad jubilatoria y reducir la informalidad. El texto retoma buena parte del DNU 70/23, suspendido por la Justicia, y será debatido en sesiones extraordinarias junto al Presupuesto 2026 y la reforma impositiva.
El mandatario libertario sostuvo que su meta es “modernizar” la legislación vigente para fomentar la inversión y el empleo formal. “Antes debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, aseguró Milei tras las elecciones, aunque advirtió a los gremios: “Si los sindicatos lo piensan como negocio, están liquidados”.
La iniciativa base pertenece a la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei, y fue presentada originalmente bajo el título Ley de promoción de inversiones y empleo. Entre los puntos principales figuran:
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La extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas,
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La fragmentación de vacaciones,
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La posibilidad de abonar parte del salario con vales o tickets,
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Y el pago de indemnizaciones o multas en hasta 12 cuotas.
También propone incentivos fiscales para pymes, licencias más flexibles por enfermedad o accidente, y un sistema de “banco de horas”, donde las empresas podrán compensar tiempos de trabajo de manera variable.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, exejecutivo del Grupo Techint y hombre de confianza de Sandra Pettovello, es el encargado del rediseño. Su visión se apoya en “negociaciones dinámicas” por productividad y empresa, un esquema similar al de los años 90, cuando los aumentos salariales se vinculaban al rendimiento y no a la inflación.
La CGT reaccionó con dureza. En un comunicado firmado por Gerardo Martínez, el gremio advirtió que la reforma “no es más que la ratificación del DNU 70/23” y adelantó que “no habrá negociación si el objetivo es retroceder en derechos conquistados”.
Milei, por su parte, insiste en que la iniciativa es indispensable para avanzar con su reforma tributaria, que incluiría la baja de 20 impuestos y la expansión de la base imponible. “Queremos que la gente no quiera estar en lo informal”, dijo el Presidente, quien apunta a integrar al mercado formal a más de ocho millones de trabajadores.
El debate en el Congreso comenzará en diciembre, en el marco de sesiones extraordinarias. Desde el oficialismo aclaran que el texto se consensuará con los gobernadores, aunque dentro del espacio libertario confían en que el impulso político de las urnas permitirá aprobar el proyecto.
En palabras del propio Milei, la reforma marcaría “el fin de un modelo que destruyó la cultura del esfuerzo y del mérito”. Sus críticos, en cambio, advierten que abre la puerta a un escenario de precarización laboral y privatización encubierta del sistema previsional, con trabajadores que podrían seguir activos hasta los 70 años.
