La discusión por la reforma laboral ingresó en una etapa decisiva. La CGT y el peronismo movieron fichas para bloquear el proyecto en el Senado, pero el conteo fino dejó un dato contundente: no alcanzaron los votos para impedir su sanción. Más allá de los cruces por el capítulo fiscal, el grueso de los bloques aliados y federales respaldó la ley en general. Ante ese panorama, la oposición ya definió su estrategia posterior: la judicialización.

El interbloque “Popular” reunió al bloque Justicialista que conduce José Mayans, a los dos senadores del Frente Cívico de Santiago del Estero y a los cinco de Convicción Federal. Si todos votaran en sintonía, sumarían 28 voluntades en contra, un número insuficiente frente a los 37 necesarios para frenar la iniciativa. La experiencia reciente tampoco ayudó: en votaciones clave, como el Presupuesto, esa unidad no se sostuvo.

Una parte de la expectativa pasó entonces por la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada. La disputa por los fondos tensó el vínculo y abrió la puerta a eventuales cambios de postura. En ese marco, los senadores aguardaron definiciones tras la reunión prevista para el miércoles en el Consejo Federal de Inversiones. Aun así, en el propio peronismo admitieron que el escenario difícilmente derivara en el rechazo de la ley.

Con ese diagnóstico, la advertencia al oficialismo quedó planteada de antemano. Si el proyecto avanzaba sin modificaciones, el peronismo recurriría a los tribunales. El antecedente inmediato fue el DNU 70. En ese caso, la Justicia suspendió el capítulo laboral y lo declaró inconstitucional, aunque el Gobierno mantiene una apelación ante la Corte Suprema.

La diferencia ahora fue el camino elegido por el Ejecutivo. Esta vez envió una ley al Congreso, lo que cumplió con el procedimiento formal. Por ese motivo, la ofensiva opositora se enfocó en el contenido. El peronismo sostuvo que la reforma resulta “inconstitucional” y viola el “principio de no regresividad” de los derechos laborales.

Desde ese espacio afirmaron que el proyecto implicó una “destrucción del artículo 14 bis” de la Constitución. Señalaron que el texto “facilita despidos, afecta las indemnizaciones y debilita los convenios colectivos”. También remarcaron que la norma empeoró condiciones existentes, redujo protecciones y trasladó riesgos al trabajador, en contradicción con el principio de no regresividad.

El gobernador Axel Kicillof reforzó esa línea con una crítica directa: “La reforma laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona. Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”.

Desde el oficialismo llegó una respuesta inmediata. El ministro del Interior, Diego Santilli, apuntó contra el kirchnerismo y el mandatario bonaerense: «Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo». El mensaje también funcionó como advertencia a los gobernadores que reclamaron por la baja del impuesto a las sociedades, una medida que impactó en la recaudación provincial.

Mientras tanto, el peronismo también enfrentó tensiones internas. La diputada y ex ministra de Trabajo Kelly Olmos presentó un proyecto propio de reforma laboral. La iniciativa incluyó una reducción gradual de la jornada laboral hasta las 40 horas semanales, un marco específico para trabajadores de plataformas y una ampliación de licencias parentales. Ese movimiento generó malestar en el sector kirchnerista, que ya impulsaba un texto alternativo firmado por Vanesa Siley.

En el Senado buscaron bajar el tono de la interna. Reconocieron la validez de las distintas miradas, pero marcaron un límite político. No impulsaron proyectos paralelos y concentraron la estrategia en el trabajo conjunto con la CGT, con la mira puesta en el terreno judicial si la ley finalmente se aprobaba.