La caída de la actividad económica ya no es una estadística fría. En los municipios del conurbano bonaerense, la parálisis industrial y el desplome del consumo se sienten en cada pyme que baja la persiana, en cada vecino que pierde su trabajo y en cada intendente que ve crecer la demanda de asistencia sin que lleguen fondos desde Nación. La motosierra que Javier Milei promocionó en campaña hoy se traduce en suspensiones, despidos y un escenario de tensión social que empieza a desbordar.

Los datos lo dicen con claridad. En marzo, la capacidad instalada de la industria cayó al 54,4%, el nivel más bajo en un año. En el mismo mes, la actividad industrial se derrumbó un 4,5%, su peor marca desde diciembre, cuando Milei aplicó una devaluación del 118% que desató una ola inflacionaria y encareció los costos de producción. El supuesto orden fiscal llegó con un tendal de fábricas paralizadas y trabajadores en la incertidumbre.

El relato libertario choca con la realidad de los intendentes, que ya no saben cómo dar respuesta a la crisis sin recursos. “La política económica la rige Nación, pero nosotros somos la primera ventanilla de reclamos y tenemos que dar respuestas”, admitieron desde una jurisdicción bonaerense. En muchos distritos, el recorte de obra pública dejó a miles de obreros sin trabajo y a los gobiernos locales sin herramientas para dinamizar la economía.

A eso se suman los efectos de la apertura indiscriminada de importaciones, que dejó sin mercado a casi el 30% de los fabricantes locales, según un relevamiento de la Unión Industrial. En el conurbano, donde las pymes representan el tejido productivo fundamental, esa política se vive como una sentencia. En lugar de generar competitividad, la liberalización destruye capacidades instaladas y empuja a las empresas al cierre.

Los casos se multiplican. En zonas industriales de Morón, Tres de Febrero, San Martín y Lanús, las cámaras empresariales registran una caída sostenida de la actividad. La demanda se desplomó, el poder adquisitivo se evaporó y los costos operativos, entre tarifas dolarizadas e insumos importados, son insostenibles. En algunos distritos, los intendentes ya intermedian para evitar conflictos laborales mayores, mientras crecen los pedidos de alimentos y ayuda básica en los barrios.

El ajuste también se ve en la parálisis de proyectos productivos. Las líneas de crédito se evaporaron, los bancos públicos provinciales no logran cubrir la demanda de financiamiento y Nación se borró. Ni siquiera aparece para articular programas de emergencia. En los hechos, el Gobierno nacional abandonó a los territorios, mientras espera que la economía se recupere mágicamente por obra del “orden macroeconómico”.

La paz social está en riesgo. Lo saben los gremios, que ya anuncian planes de lucha, y lo saben los jefes comunales, que ven multiplicarse las ollas populares. En distritos donde la industria metalúrgica es fuerte, como La Matanza o Quilmes, las suspensiones rotativas y los retiros voluntarios se volvieron parte del paisaje cotidiano. La desocupación ya no es una amenaza: es un presente que avanza.

La lógica libertaria de cortar el gasto y abrir la economía a la competencia externa puede entusiasmar a los fondos de inversión, pero para los municipios significa más pobreza, más desempleo y más demanda social sin respaldo. El Gobierno nacional celebra los superávits contables, mientras en los barrios crecen la desesperación y la bronca. La factura política no tardará en llegar.