Las posiciones de la diputada Siley o el embajador Raimundi son apenas dos casos testigos de cómo se dificultan de manera pública las posturas del Gobierno en temas sensibles como la Justicia y Venezuela. Críticas del kirchnerismo duro a la postura oficial ante el Consejo de la ONU sobre la situación política en este país.
Al Presidente Alberto Fernández le tocó asumir con una manta corta. La desastrosa admiración de Macri durante cuatros años dejó las arcas del Estado con goteras por donde se lo mire: recesión económica, falta de dólares, desempleo, pobreza y endeudamiento insostenible, por mencionar algunas variables.
A meses de comenzar la nueva gestión peronista, la llegada de la pandemia hizo la manta aún más corta y la mayoría de los índices económicos recibidos por la pesada herencia del gobierno macrista no solo que no mejoraron, sino que empeoraron.
No obstante, el Gobierno cometió una serie de errores no forzados que no acortan aún más la manta pero que sí complican la imagen de una gestión que -por Macri y la pandemia principalmente- no termina de responder la demanda de los diferentes sectores que flotan sobre la compleja sociedad argentina.
Allí, la falencia principal es recurrente: la comunicación.
Dos episodios centrales expusieron que el Gobierno carece de una comunicación lineal y que la postura de la gestión Fernández en determinados asuntos cruciales se ve sacudida por decisiones compulsivas tomada de manera unilateral por algunos funcionarios y legisladores.
Carlos Raimundi, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), planteó en el Consejo Permanente de la OEA una posición sobre la violación de los Derechos Humanos en el país caribeño que no corresponde con la oficial.
“Hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los Derechos Humanos en determinados países”, indicó el embajador y puso en duda la seriedad del informe de la ex presidente de Chile y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La exposición de Raimundi cayó pésimo tanto en Cancillería como en Casa Rosada porque rápidamente se convirtió en alimento para los medios de comunicación que constantemente tratan de vincular al gobierno con el chavismo para vapulear la imagen del presidente.
El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Sola tuvo que salir apagar el incendio y relativizó lo dicho por Raimundi: “El problema es que Raimundi no dijo la preocupación que tiene Argentina por los Derechos Humanos en Venezuela, decidió decir lo que pensaba y un embajador tiene que decir primero lo que le instruyen».
Efectivamente, luego de esas contradicciones entre lo que dice un funcionario y la postura oficial, Argentina votó a favor de la resolución de la ONU que condena las violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela.
El otro episodio fue en un terreno tan delicado como lo es Venezuela para los medios hegemónicos antiperonistas: La Justicia.
A cuatro días de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitara el per saltum para tratar la decisión del gobierno de dar marcha atrás con el traslado de tres jueces que, la diputada del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley, presentó un pedido del juicio político en contra del titular del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz. El proyecto fue presentado el 25 de septiembre y pidió que se investigue al presidente de la Corte Suprema por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones..
En este caso, quien salió a aclarar que el proyecto presentado fue una decisión unilateral de la diputada y no es parte de la decisión oficial, fue el legislador porteño del Frente de Todos, Leandro Santoro. «A mí me sorprendió. No tenía ninguna información sobre el tema. No sé si Alberto sabía. Hablé con Alberto esta semana y no me hizo ninguna referencia, pero no lo puedo confirmar. Yo me enteré por los diarios. Llamé a Mariano Recalde y me dijo que no sabía nada. Él se sorprendió también», contó el asesor del Presidente.
Pero más tarde, el diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos), redobló la apuesta y aseveró que la Corte Suprema “está agotada” y “no tiene jerarquía institucional ni jurídica”.
¿Qué piensa el presidente Alberto Fernández del Máximo Tribunal?. O mejor dicho, ¿Qué piensa el Gobierno?. Difícil llegar a una conclusión en una coalición donde las internas y las diferencias se dirimen puertas afueras.
