Por César Morielli

Los cálculos son bastante sencillos. Y cualquier fuente arroja cifras similares. El último estudio profundo lo publicó el Diario La Voz en julio de 2019. En el 2001, un poco antes del estallido económico de diciembre, 6.232.865 personas cobraban algún tipo de ingreso por parte del Estado. 18 años después, hace casi un año, ese registro llegaba hasta 19.996.793. Hoy, a mitad del 2020 y con más de 90 días de cuarentena gracias a la pandemia del Coronavirus, con algunos dispositivos estatales nuevos para brindar asistencia, el número se aproxima a casi la totalidad de los actores económicos activos que hay en el país. Dicho de otra forma: casi ningún ciudadano argentina está ausente de algún tipo de alcance del Estado en su economía privada. Un escenario explosivo que excede cualquier postura ideológica y encienden las alarmas desde toda mirada posible. No hay dinero que alcance.

Según publicó La Voz hace un año, en el 2001 había aproximadamente 2 millones 300 mil personas que cobraban un sueldo del Estado nacional, provinciales o municipales; 3 millones 300 mil jubilados y pensionados; 250 mil planes sociales; y 330 mil pensiones no contributivas. El total superaba los 6 millones de personas.

Ese número escaló a casi 20 millones de personas en el 2019. Es decir, la mitad de la población nacional. 4 millones de personas con trabajo en el Estado; más de 8 millones de jubilados, pensionados y pensiones no contributivas; 3 millones y medio de beneficiarios de planes sociales; y 4 millones de receptores de la Asignación Universal por Hijo.

El incremento de 2001 a 2019 fue de más del 200%.

La grave situación económica que dejó el gobierno de Mauricio Macri, a pesar de tantas prestaciones, dejó a millones de argentinos al borde de la cobertura de sus necesidades alimenticias. Lo que provocó que el nuevo gobierno tenga que implementar la Tarjeta Alimentar, para inyectar fondos destinados a la compra de alimentos. Eso se motorizó en las primeras semanas del 2020.

Pero la pandemia del Coronavirus llevó la situación al extremo. Con una cuarentena prolongada, persianas cerradas y millones de personas sin ingresos, la crisis sanitaria hizo emerger viejos problemas estructurales. El propio gobierno hizo un mal cálculo de las necesidades de los actores económicos más informales cuando lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia.

La IFE la cobraron más de 8 millones de personas. Se trata de 10 mil pesos destinados a beneficiarios de la AUH y a Monotributistas clase A y B. Muchos de ellos ya estaban incluídos en la medición de mediados del 2019. Pero muchos se incorporaron al grupo de “personas que necesitan la asistencia estatal”.

Además, el gobierno presentó un plan de créditos a tasa 0 para Monotributistas clase C y D. Se trata de hasta 150.000 pesos que se devolverán sin intereses y dentro de 6 meses. Se calcula triplicar el ingreso mensual de esos profesionales, en una estimación de cuarentena por 90 días. Esa cifra ya se superó. Las estimaciones indican que entre 150 mil y 200 mil personas accedieron al crédito.

Pero hay más. El Estado lanzó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Es decir, se hará cargo de hasta el 50% del sueldo de empleados del sector privado para dar oxígeno a Pymes, empresas y comercios. En la primera entrega fueron cerca de 1,6 millones de personas de 193.000 empresas. En la segunda entrega el número va a superar a los dos millones de personas.

Además hubo un pago de bono extraordinario y refuerzo de la tarjeta Alimentar a beneficiarios de la AUH, embarazadas, jubilados, el plan Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario, además de pago extra a personal de seguridad y defensa, personal esencial de la salud, y aumentó más del 50% el pago de seguro de desempleo.

Sin hacer cuentas, y a trazo grueso, prácticamente todas las personas del país reciben algún tipo de asistencia total o parcial del Estado, en un escenario de fuerte caída de la recaudación y la actividad comercial y productiva, con miles de empleos en riesgo durante y luego de la pandemia.

La única pregunta pertinente fuera de la emergencia sanitaria para los actores políticos debería ser: ¿cuál es el programa económico para el futuro?

Sacando preferencias ideológicas, y pensando únicamente de manera pragmática, parece difícil de sostener el asistencialismo para todos. Los números no cierran y el dinero no va a alcanzar.

El gobierno deberá trazar un camino donde pueda salir de la encerrona de tener que ayudar con dinero a todos los argentinos, y sentar a todos los actores para pensar cómo desactivar la bomba. Lo paradójico es que este escenario excedió a los más necesitados y a las clases más vulnerables.