La Cámara de Diputados otorgó media sanción al Presupuesto 2026, pero el debate dejó una señal política clara. La oposición logró mantener vigentes la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, dos normas que el oficialismo intentó derogar para consolidar el ajuste fiscal. Tras la votación, el Gobierno sostuvo que el proyecto perdió sentido y advirtió que no acompañará su avance sin esos cambios.

El punto de quiebre fue el rechazo al Capítulo XI. Ese apartado reunía las derogaciones que el Ejecutivo consideró indispensables para cumplir la meta de déficit cero. La votación en particular terminó con 123 votos negativos contra 117 afirmativos y dos abstenciones. El resultado desarmó la estrategia libertaria y dejó intactas las dos leyes más cuestionadas por la Casa Rosada.

Desde el Poder Ejecutivo expresaron un diagnóstico inmediato. “Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, afirmó una fuente oficial. En el mismo sentido, remarcaron que el Congreso forzó al Presidente a administrar un esquema sin superávit primario, algo que el Gobierno definió como inaceptable.

Para La Libertad Avanza, el debate excedió lo reglamentario. El oficialismo planteó una disputa de fondo entre dos modelos. De un lado, el ajuste permanente y la disciplina fiscal. Del otro, un esquema de gasto que, según su mirada, reproduce prácticas del pasado. “Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”, repitieron en despachos oficiales para justificar la resistencia a sostener la ley.

El revés parlamentario también expuso límites en la construcción de mayorías. El Gobierno consiguió aprobar el Presupuesto en general con 132 votos, pero no logró retener apoyos en el tramo decisivo. Gobernadores que habían negociado con la Casa Rosada ordenaron votar contra el capítulo o habilitaron ausencias. La transferencia de Aportes del Tesoro Nacional no alcanzó para alinear voluntades en ese punto.

La oposición celebró el resultado como una victoria política. Interpretó la caída del Capítulo XI como un freno al intento de usar el Presupuesto para eliminar derechos ya sancionados por el Congreso. En ese marco, varios bloques remarcaron que el oficialismo ya perdió votaciones similares en el mismo período legislativo sobre universidades y discapacidad.

Tras la sesión, el Gobierno abrió un abanico de opciones. Analizó demorar el envío del proyecto al Senado, intentar una nueva redacción o incluso vetar la ley si el texto se sanciona sin cambios. En los pasillos parlamentarios tomó fuerza la idea de prorrogar otra vez el presupuesto vigente y sostener la administración del gasto por decreto.

Bertie Benegas Lynch puso en palabras esa posición. “No estamos en contra de la educación y los discapacitados, pero acceder a eso sería una administración irresponsable”, sostuvo el diputado libertario. También dejó abierta la puerta a un veto. “El Gobierno se autorreguló con el equilibrio fiscal, es una obsesión moral”, afirmó.

Mientras tanto, datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso ofrecieron otra lectura. Según esas estimaciones, la emergencia universitaria representó 0,23% del PBI y la de discapacidad osciló entre 0,28% y 0,51%. Pese a esos números, la Casa Rosada mantuvo su postura.

El escenario quedó abierto. La oposición sostuvo las emergencias y el financiamiento, y el Ejecutivo respondió con una advertencia política: sin esos recortes, el Presupuesto 2026 dejó de ser una herramienta válida para su programa económico.