La Oficina Anticorrupción se presentó este miércoles como querellante en la causa de los «cuadernos de las coimas» al sostener que el kirchnerismo desarrolló «un mecanismo ordenado, sistemático y sustentado en el tiempo» para obtener coimas de «distintas empresas beneficiarias de contratos públicos».

«En el día de hoy, la Oficina Anticorrupción (OA) presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 11 en la causa N° 9.608/2018 (conocida como “cuadernos de las coimas”) solicitando ser tenida como parte querellante», informó esa dependencia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

«En la presentación, la OA relató que después de mayo de 2003 y hasta diciembre de 2015 “habría existido un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener una organización liderada por quienes estaban investidos como los máximos responsables de la administración del país, para que mediante un mecanismo ordenado, sistemático, sustentado en el tiempo, y compuesto por varias personas con distintos roles, fluyeran pagos de dinero, que se sabían corruptos, de parte de personas que generalmente estaban vinculadas a distintas empresas beneficiarias de contratos públicos”, agrega el comunicado.

Para la Oficina Anticorrupción, «en la cúspide de esta estructura delictiva se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner. Durante su presidencia se registra la mayor actividad de la organización”.

Sostiene el escrito presentado al juez Claudio Bonadio que Cristina Kirchner y De Vido “idearon cómo serían las distintas modalidades delictivas que le permitieron operar, con casi absoluta impunidad, a toda esta red corrupta desde el Estado Nacional, reclutando a otros sujetos, funcionarios y no funcionarios, que participarían activamente en las actividades ilícitas”.

A modo de ejemplo, la OA sostiene que del relato de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, el segundo de De Vido en Planificación, «surge que en cuatro días se habrían obtenido U$S 13.600.00, a saber: el día 04/11/2009 lo recibido habría ascendido a U$S 2.100.000, el día 12/11/2009 a U$S 1.900.000, el 23/07/2010 a U$S 4.000.000 y el 07/10/2010 a U$S 5.600.000”.

«Existen elementos que acreditarían que parte del dinero que se pagó provenía de contratos con presupuestos sobredimensionados y que al inicio de la obra o contrato se hacían adelantos financieros. Parte de estos sobrecostos era en realidad una porción del dinero que se había acordado devolver o retornar», agrega el escrito firmado por Laura Alonso, Ignacio Irigaray, subsecretario de investigaciones, y Adriana Galafassi, directora nacional de investigaciones de la OA.